Edición Médica

César Paz-y-Miño. Investigador en Genética y Genómica Médica. Universidad UTE.

El Día Internacional de Acción por la Salud de Mujeres, instaurado en 1987 por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, no debe ser visto como una efeméride más dentro del calendario de derechos humanos, sino como una herramienta de análisis crítico sobre las fallas históricas, y todavía persistentes, del sistema médico y científico para responder a las necesidades de salud de mujeres y niñas. Este día, más que una conmemoración, es un llamado global a reconocer y transformar una realidad marcada por la inequidad estructural, el sesgo científico y la discriminación institucionalizada en todos los niveles del cuidado sanitario.
 
En el caso de Ecuador, como en muchos países de América Latina, esta fecha se resignifica año tras año frente a las luchas abiertas por los derechos sexuales y reproductivos. Las movilizaciones recientes que reclaman la despenalización del aborto libre evidencian una contradicción de fondo: mientras se reconocen los derechos en el discurso, en la práctica se sigue negando a las mujeres el control pleno sobre sus cuerpos y sus decisiones reproductivas. El acceso al aborto seguro sigue siendo limitado, criminalizado o condicionado, incluso por leyes y reglamentos absurdos, obligando a muchas mujeres, especialmente las más pobres o rurales, a recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su vida y salud.
 
La salud femenina debe entenderse, desde una perspectiva integral, como el resultado de determinantes múltiples que incluyen no solo la biología, sino también la clase social, el origen étnico, la geografía, la identidad de género, la educación y el acceso a servicios de calidad. Las cifras de la OMS lo confirman: más de 800 mujeres mueren cada día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo o el parto, y una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual. En Ecuador, los datos del año 2023 indican más de 160 muertes maternas, las mayorías evitables, concentradas en adolescentes y mujeres indígenas que habitan provincias amazónicas o serranas, donde el acceso a centros médicos, profesionales especializados o insumos es limitado o inexistente. La mortalidad materna, más que un indicador de salud, es un síntoma de exclusión social y abandono institucional.
 
Además de los problemas de acceso, uno de los nudos críticos más profundos es la histórica exclusión de las mujeres en la investigación biomédica. Durante décadas, los ensayos clínicos se diseñaron en función de organismos masculinos, bajo el supuesto de una “neutralidad” que ignoró las diferencias hormonales, genéticas y metabólicas. Como consecuencia, muchas enfermedades que afectan principalmente a mujeres han sido escasamente comprendidas, mal diagnosticadas o tratadas de manera inadecuada. Ejemplos de ello son la endometriosis, que puede tardar entre 7 y 10 años en ser diagnosticada, el síndrome de ovario poliquístico, los síndromes de diferenciación sexual (DSD) o los trastornos depresivos, que tienen una prevalencia más alta y una expresión clínica diferenciada en mujeres. Incluso en patologías bien conocidas como el infarto agudo de miocardio, se ha demostrado que las manifestaciones clínicas femeninas pueden diferir, llevando a subdiagnósticos y tratamientos tardíos.
 
En el campo de la genética médica, las desigualdades también son notorias. Al menos el 20 por ciento de los casos de cáncer de mama tienen un origen hereditario, siendo los genes BRCA1 y BRCA2 los más conocidos por su papel en el aumento del riesgo de cáncer de mama y ovario. Las mujeres portadoras de estas variantes enfrentan decisiones difíciles: vigilancia estricta, cirugías preventivas, o tratamientos hormonales, sin que siempre exista un acompañamiento integral. A esto se suman otros genes como ESR1, CYP19A1, FSHR o incluso SRY, vinculados a trastornos del desarrollo sexual o enfermedades ginecológicas complejas. Sin embargo, el acceso a estudios genéticos, asesoramiento genético y terapias dirigidas es aún muy limitado y desigual, sobre todo fuera de grandes ciudades o centros privados especializados.
 
Frente a este panorama, es imprescindible adoptar una acción sanitaria con enfoque de género, ciclo vital y diversidad. Algunos ejemplos de buenas prácticas ya se están implementando a nivel internacional, aunque todavía de forma desigual:

• - Canadá y Suecia han incluido la perspectiva de género en los protocolos de investigación clínica financiados con fondos públicos, exigiendo la inclusión de mujeres en los ensayos y el análisis de datos diferenciados por sexo.
• - México y Colombia han aprobado normativas para garantizar la atención integral a mujeres víctimas de violencia obstétrica, aunque la implementación todavía enfrenta barreras culturales y administrativas.
• - En España, se han creado centros públicos de salud menstrual y de atención integral a enfermedades ginecológicas crónicas, como endometriosis, buscando romper con la desatención histórica de estas condiciones.
• - Algunos programas pilotos en África Subsahariana han demostrado que la combinación de educación sexual, acceso a anticoncepción, salud mental y servicios perinatales integrados reduce significativamente las tasas de mortalidad materna y embarazo adolescente.
• - Ecuador cuneta con una ley sobre interrupción del embarazo por violación y peligro de salud para las madres, pero los trámites sobre los casos de embarazo por violación son engorrosos y muchas veces prolongados sin éxito. Nada se dice ni se discute sobre el aborto por trastornos genéticos o malformativos.

En Ecuador, se requieren acciones concretas y urgentes: fortalecer la educación sexual basada en evidencia científica y libre de prejuicios morales; asegurar el acceso equitativo a servicios ginecológicos y obstétricos de calidad en zonas rurales y periféricas; capacitar al personal de salud en atención con enfoque de género e interculturalidad; e incorporar sistemáticamente a mujeres cis y trans en los ensayos clínicos, sin excluir a colectivos históricamente marginados.
 
Alcanzar la equidad en salud femenina exige más que voluntad política. Implica una reconfiguración profunda del sistema sanitario, del modelo de investigación biomédica y del contrato social que define los derechos y la ciudadanía. La justicia reproductiva no se limita a decidir si se quiere o no ser madre, sino que incluye el acceso a información veraz, diagnóstico oportuno, medicina personalizada, protección ante violencias y respeto pleno por la autonomía corporal.
 
Por eso, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres debe ser entendido como un ejercicio de memoria crítica y compromiso ético. No se trata de celebrar lo logrado, sino de visibilizar lo pendiente. Porque mientras la salud de las mujeres siga dependiendo de su geografía, su clase social o su capacidad de pago, la equidad será apenas un discurso, no una realidad vivida. La medicina tiene una deuda histórica con las mujeres. Y saldarla es una cuestión de justicia, no de favor.