Edición Médica

Henry Flores, abogado de Ds Legal Group.

En Ecuador, las auditorías médicas han adquirido una creciente relevancia como elemento de apoyo dentro de procesos judiciales relacionados con la responsabilidad profesional, ya sea en el ámbito penal, civil o administrativo. Esto responde a la necesidad de contar con herramientas técnicas que permitan evaluar, desde una perspectiva científica, si la atención brindada por el profesional de salud se ajustó a los estándares exigibles.
 
La auditoría médica es, en esencia, un proceso de revisión técnica que analiza la actuación del personal de salud y, en ciertos casos, también el funcionamiento de los establecimientos sanitarios. Este análisis se basa principalmente en la revisión de las historias clínicas, la documentación médica, los protocolos aplicados y la comparación con la literatura científica vigente. Su objetivo es determinar si las decisiones clínicas adoptadas fueron adecuadas y si se respetaron los principios de la buena práctica médica, conocidos como lex artis.
 
Desde la perspectiva judicial, la auditoría médica puede ser presentada como un elemento probatorio, ya sea en forma de informe técnico, documento de respaldo o incluso como sustento para una pericia. Sin embargo, para que tenga validez dentro de un proceso, es indispensable que haya sido obtenida respetando las garantías del debido proceso. Esto implica, entre otros aspectos, que su elaboración haya sido transparente, metodológicamente adecuada y que permita a la contraparte ejercer su derecho a la contradicción, es decir, cuestionar su contenido o presentar un criterio alternativo.
 
Límites de las auditorías médicas como prueba
 
Una de las principales limitaciones es que la auditoría no determina de manera automática que hubo negligencia médica, Su principal limitación radica en que no determina por sí sola la existencia de negligencia médica ni asigna responsabilidad legal. Su función es estrictamente técnica: describe, analiza y emite criterios sobre la calidad de la atención. La decisión final sobre si existió o no responsabilidad corresponde exclusivamente al juez, quien debe valorar todos los elementos probatorios en conjunto.
 
Por otro lado, en algunas ocasiones han existido cuestionamientos sobre la imparcialidad cuando es elaborada por hospitales, aseguradoras, el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debido al posible interés institucional o del propio profesional de salud.
 
Se han llegado a evidenciar controversias cuando dentro de las auditorías contienen conclusiones jurídicas como “existió culpa” o “hubo negligencia”, calificando una responsabilidad del profesional o del establecimiento de salud, cuando el auditor únicamente puede emitir criterios técnicos, mientras que la calificación jurídica corresponde al juez.
 
En conclusión, las auditorías médicas constituyen una herramienta importante dentro de los procesos judiciales en Ecuador, especialmente en casos de presunta mala práctica. No obstante, su utilidad depende de que sean elaboradas con objetividad, rigor científico y respeto a las garantías procesales. Lejos de ser una prueba definitiva, deben entenderse como un elemento técnico que contribuye al análisis integral del caso, sin sustituir la valoración judicial ni la necesidad de otras pruebas, como la pericia médico legal.