Edición Médica

Carlos Arteaga, abogado de Ds Legal Group.
 
En su obra Othelo, Shakespeare tiene una epifanía cuando pondera sobre el buen nombre.

Él ve anticipadamente la importancia de la reputación y la identidad, pues “El que me roba mi buen nombre, Me roba aquello que no le enriquece. Y me deja realmente pobre”.
 
Todo profesional de la salud dedica todo su ejercicio profesional a construir un buen nombre. Detrás de él reposan años de formación, experiencia y trabajo.
 
En el ejercicio de esta noble profesión, ese nombre se encuentra directamente asociado a elementos que representan su reputación, como lo son las firmas y los sellos. Este conjunto de signos permite identificar al profesional como padre de todo documento sanitario que suscribe.
 
Sin embargo, en la práctica existe un riesgo larvado: ser sorprendido con un documento clínico que circule con una identificación falsa. Descubrir que alguna de estas grafías ha sido utilizada sin autorización genera una preocupación latente: ¿qué responsabilidad tiene un profesional de la salud frente a un documento que no suscribió?
 
La respuesta a esta interrogante la encontramos en los detalles, pues es necesario cuestionar el cómo se falsificó dicho documento, quién lo utilizó, con qué finalidad y qué elementos le validan.
 
Dependiendo de estas circunstancias, el hecho puede dar lugar a consecuencias en distintos ámbitos. Por un lado, la falsificación de una firma podría tener un impacto directo en el ámbito penal y civil; por ejemplo, si esta se utiliza en recetas que atribuyen al profesional un acto médico que no realizó y que presume haber ocasionado daños en un paciente; Por otro lado, el uso indebido de un sello profesional podría traer graves consecuencias administrativas y laborales, al ser este el instrumento idóneo para la emisión de certificados fraudulentos que podrían iniciar un proceso legal.
 
En el preciso momento en que esta falsedad se constate, el primer paso en todos los casos es hacer conocer formalmente de este ilícito a una autoridad competente.
 
Bajo nuestra legislación, el forjamiento de estos instrumentos configura delitos graves ligados a la falsedad documental y suplantación de identidad. Sin embargo, la presentación de una denuncia no es el final del camino, sino el primer cimiento de una defensa oportuna.
 
Una vez formalizado este reclamo, los profesionales de la salud deben asegurarse en el plano medicolegal. En este escenario, nuestro mejor aliado siempre será el aseguramiento de toda documentación clínica, pues esta constituye el único registro técnico, cronológico y vinculante en materia sanitaria y legal frente a cualquier reclamación. La ausencia de un expediente clínico que corresponda a los detalles señalados en un documento falso se convierte en una prueba importante para demostrar que dicho acto jamás ocurrió.
 
A la par, debe notificarse a las direcciones médicas de las casas de salud donde ejerce su profesión. Esta alerta activa protocolos intrahospitalarios necesarios para frenar el fraude.
 
Desde otra arista, es ineludible analizar la brecha existente entre las nuevas tecnologías, el derecho y la práctica médica. Actualmente, el papel físico se ha vuelto débil frente a los ficheros digitales. Los sistemas digitales y los mecanismos de firma electrónica permiten incorporar elementos de trazabilidad y autenticación que aparentemente suponen trabas ante una falsificación.
 
Sin embargo, actualmente experimentamos un preocupante incremento de casos en los que se usurpan las credenciales de un galeno para suscribir documentación clínica a sus espaldas. Hoy en día, existen mecanismos informáticos que logran vulnerar las barreras de seguridad propuestas por estos sistemas, reduciendo las herramientas legales de defensa para el profesional que intente alegar el uso indebido de su rúbrica.
 
Este escenario resulta de vital importancia, ya que, a diferencia del papel —donde un peritaje grafotécnico puede deslindar responsabilidades—, el uso de credenciales informáticas conlleva una fuerte presunción legal de autoría, invirtiendo la carga probatoria y obligando al médico a enfrentarse a un proceso judicial mucho más complejo.
 
Ante una falsificación, una actuación oportuna permite dejar constancia de la falta de autoría, conservar los antecedentes relevantes y facilitar el esclarecimiento de los hechos ante el inicio de un proceso judicial.
 
En conclusión, descubrir que han utilizado su nombre indebidamente es un llamado a la acción. Denunciar ante las autoridades competentes, recopilar evidencia sólida, exigir controles internos y resguardar celosamente sus credenciales son pasos ineludibles que pueden ser mejor asesorados con el apoyo de abogados especialistas.
 
En DS Legal Group, somos un despacho especialista en Derecho Médico y ofrecemos asesoría jurídica con un enfoque preventivo, evaluando de manera exhaustiva los riesgos legales que puedan afectar a todo profesional de la salud. Nuestro equipo proporciona acompañamiento y soluciones estratégicas adaptadas a las necesidades de cada caso, garantizando un respaldo legal sólido y oportuno.
 
Aplicar estos criterios le permitirá ejercer su vocación con la tranquilidad de que su integridad profesional está debidamente protegida.