Edición Médica

Rueda de prensa de los gremios de salud en Quito.

Jonathan Veletanga. Quito
La Federación Médica Ecuatoriana (FME), la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Red Pública Integral del Ecuador, el Colectivo Re-Acción Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes (FERPOF), han rechazado públicamente la Ley Orgánica de Integridad Pública por tener artículos que “amenazan” con la estabilidad del Sistema de Salud Pública, de los profesionales de la salud y de los pacientes.
 
Frente a esta preocupación e incertidumbre, los gremios y pacientes han pedido al Gobierno derogar la ley por ir en contra de los derechos básicos de la Constitución, y abrir un camino de diálogo con todos los sectores, con la finalidad de elaborar una normativa que sea pertinente. También han exigido operativizar la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria de inmediato.
 
“Estamos realmente preocupados por lo que esta ley representa. No nos han llamado a consensuar, no han socializado absolutamente nada, han hecho lo que les ha dado la gana y eso no lo podemos aceptar bajo ningún punto de vista. Por eso vamos a presionar en todos los lugares que sean”, con movilizaciones (aún no se definen fechas), acciones en la Corte Constitucional, entre otras acciones, ha anunciado el presidente la FME, Santiago Carrasco, en rueda de prensa.
 
Carrasco ha cuestionado la metodología y capacidad de los asambleístas para discutir y aprobar esta ley en “3 días”; y ha calificado de inaudito lo acontecido con esta normativa.
 
De su parte, Mariana Narváez, representante de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Red Pública Integral del Ecuador, ha pedido a la Corte Constitucional declarar como inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública, ya que vulnera tanto los derechos de los servidores públicos como de los profesionales de la salud y de los pacientes.
 
Esta ley deroga el artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), con lo cual el Gobierno acaba con la estabilidad laboral de todos los servidores públicos. Ha detallado que en cada unidad de salud, el 40 por ciento de su personal tiene estabilidad laboral, mientras que el 60 por ciento tiene contratos ocasionales y nombramientos provisionales, la mayoría desde hace más de dos años, lo cual también es inconstitucional.
   
Al respecto, Guillermo Astudillo, representante de Re-Acción Ecuador, ha hecho un llamado de unidad a todos los servidores públicos y sectores del país, con el fin de hacer un solo frente, dar una voz de alerta y exigir la derogatoria de toda la ley.
 
En este sentido, Félix Galarza, presidente de FERPOF, ha respaldado las posiciones de los gremios de salud, resaltando que los pacientes y la atención en salud también serán afectados directamente por esta ley.
 
“Ahora se crean leyes en menos de tres días, no sé cómo lo hacen. Nos gustaría que la Ley de Enfermedades Raras, que estamos proponiendo, también se la haga en tres días”, ha enfatizado Galarza.
   

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