Edición Médica

Consideran que al menos 20 reformas afectan a profesionales y pacientes.

Redacción. Quito
Las organizaciones de profesionales sanitarios más importantes del país han hecho un pronunciamiento común en rechazo a la Ley Orgánica de Integridad Pública a la que han calificado como una “amenaza sin precedentes para todo el sistema de salud pública y sus beneficiarios” en el país.
 
La Federación Médica Ecuatoriana (FME); las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador (FUPSE); la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes (FERPOF); el Colectivo Re-Acción Ecuador; la Red Unión Nacional de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador (RUNEEE); y, la Red Ecuatoriana de Salud Mental Comunitaria (Redsamenco) han señalado que la nueva normativa “lejos de fortalecer el servicio público, asesta un golpe devastador contra la estabilidad laboral de quienes sostienen el sistema de salud y lo que es aún más grave, compromete la vida y la calidad de atención para la ciudadanía, especialmente para los pacientes más vulnerables”.
 
En un comunicado, las organizaciones han dejado claro que lo aprobado recientemente por el ejecutivo y el legislativo representa un “alarmante retroceso y un atentado contra la dignidad” de quienes trabajan en el sector salud.
 
Estas agrupaciones, además de rechazar “enérgicamente” la Ley Orgánica de Integridad Pública por considerarla inconstitucional, también han anticipado que ejercerán todas las instancias jurídicas pertinentes “en defensa” de sus agremiados.
 
Los cambios en la LOSEP y Ley de Seguridad
 
Los profesionales aseguran que las más de 20 reformas a Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y a la Ley de Seguridad Social no solo vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución (como la irretroactividad de la ley, la estabilidad y el debido proceso), sino que debilitan seriamente la capacidad operativa de la Red Pública Integral de Salud, deshumanizando la gestión pública.
 
Han precisado, por ejemplo, que la derogación del Artículo 89 de la LOSEP elimina la garantía de estabilidad para más de 635.000 servidores públicos. “Esto implica la vulneración del derecho al debido proceso, al permitir desvinculaciones sin necesidad de un sumario administrativo”.
 
“Esta medida genera un clima de terror e incertidumbre sin precedentes para médicos, enfermeras, obstetras, camilleros, auxiliares y todo el personal de apoyo. No podemos trabajar bajo la constante amenaza de un despido arbitrario y sin justificación, más aún cuando nuestra labor es crítica y de alto riesgo. Esta situación se agrava de manera inaceptable para miles de compañeras y compañeros que, por más de 10 años, han permanecido bajo la figura de contratos ocasionales y nombramientos provisionales” han protestado.
 
Para ellos la nueva ley, al eliminar protecciones y reconfirmar que los nombramientos provisionales no generan estabilidad, “consolida y profundiza esta precarización histórica, dejando en total desamparo a un invaluable contingente de profesionales con vasta experiencia y compromiso”.
 
Por otro lado, han considerado que al modificar el Artículo 81 de la LOSEP, con relación a la elevación de la edad mínima para acceder a la compensación económica por retiro voluntario de los 60 a los 65 años “es una medida que ignora la realidad de nuestra labor” y además una “retroactividad en perjuicio de un derecho adquirido”.
 
Por otro lado, los gremios han dejado claro que la eliminación del artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, “amenaza con generar desabastecimiento crítico” a las unidades médicas.
 
Si bien la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública introduce reformas a la Ley de Contratación Pública que intentan abordar la adquisición de insumos de salud, éstas son insuficientes, han observado.
 
Según ellos, la reforma a varios artículos de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) como el privilegiar las compras a través de organismos internacionales y los mecanismos de compra corporativa, en realidad pueden generar “compromiso crítico en la provisión de insumos médicos esenciales”.
 
“La realidad es que, si las compras corporativas no se concretan, el proceso de adquisición vuelve a los procedimientos generales de la LOSNCP, los cuales históricamente han sido lentos y burocráticos. Esta burocratización de los procesos de compra resultará en una escasez de medicamentos y materiales vitales”, han sostenido.
 
Y en ese sentido, para los gremios, “esta situación pone en mayor riesgo a los pacientes, especialmente a aquellos con enfermedades raras o catastróficas y a los trasplantados, ya que se enfrentan a una grave falta de medicación”.
 
Según ellos, “los hospitales están al borde del colapso, lo que evidencia un deterioro general del ecosistema hospitalario”.
 
En ese sentido, han concluido su pronunciamiento recalcando que “médicos, enfermeras, obstetras, camilleros y auxiliares somos los primeros en enfrentar las consecuencias de estas carencias, improvisando y poniendo en riesgo la seguridad del paciente y la calidad de la atención que estamos obligados a brindar”.
 
 

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