Edición Médica

Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional ha recibido a representantes de la Procuraduría General del Estado, del Colegio de Médicos de Pichincha y al jurista argentino Nicolás Laferriere, quienes han presentado observaciones y aportes al Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia.
 
Jenifer Rodas, delegada de la Procuraduría General del Estado, ha explicado la complejidad jurídica y humana que implica regular la eutanasia, por lo que ha enfatizado la necesidad de desarrollar un debate responsable, con claridad normativa y enfoque garantista.
 
Asimismo, ha observado que el proyecto presenta ambigüedades sobre la manifestación de voluntad del paciente y la intervención de representantes, lo que podría generar interpretaciones contradictorias.
 
Rodas también ha indicado que hay vacíos en la definición de los actores involucrados, de manera que ha planteado la necesidad de precisar el alcance de la objeción de conciencia, mediante procedimientos y garantías claras que protejan los derechos de los pacientes.
 
De su parte, Juan Álvarez, representante de la Procuraduría, ha mencionado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no reconoce la eutanasia como un derecho autónomo, aunque sí ha desarrollado estándares relacionados con dignidad, autonomía y cuidados paliativos.
 
En este contexto, ha recomendado reformular la definición de consentimiento informado, eliminar el requisito de pronóstico de vida menor a seis meses y garantizar mecanismos concretos de acceso a cuidados paliativos.
 
Además, ha sugerido eliminar restricciones relacionadas con nacionalidad o residencia permanente, establecer vigencia para los informes médicos y regular recursos administrativos y judiciales ante una eventual negativa del procedimiento, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y la protección de derechos.
 
Al respecto, Marco García, representación del Colegio de Médicos de Pichincha, he precisado que la sentencia de la Corte Constitucional marcó un cambio de paradigma al reconocer que el derecho a la vida implica una existencia digna y no una supervivencia biológica a cualquier costo.
 
García ha puntualizado propuesta busca brindar seguridad jurídica tanto a pacientes como a profesionales de la salud, evitando escenarios de clandestinidad e incertidumbre.
 
Asimismo, ha resaltado la importancia de fortalecer los cuidados paliativos, respetar la autonomía del paciente y establecer procedimientos claros, junto con mecanismos que regulen la objeción de conciencia sin afectar el acceso de los pacientes al procedimiento.
 
Para concluir, el jurista Laferriere ha asegurado que la vida humana debe ser respetada hasta el final, se refirió a aspectos técnicos relacionados con las directivas anticipadas, la evaluación psiquiátrica y el rol de los representantes legales, advirtiendo posibles vacíos en su aplicación.
 
La libertad de decisión requiere un acceso efectivo a cuidados paliativos, además que ha alertado sobre el posible impacto de la norma en personas con discapacidad. La respuesta frente al sufrimiento debe centrarse en el acompañamiento integral y los cuidados paliativos, ha concluido.

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