Edición Médica

María Paz Páez Boada, economista.
 
En Ecuador cerca de 20.000 personas sufren de insuficiencia renal crónica. Para ellos, los tratamientos de diálisis son indispensables para su supervivencia considerando que cada sesión suspendida incrementa los riesgos clínicos y humanos poniendo en riesgo sus vidas día a día. Es por eso que los procesos de diálisis en el Ecuador no deben ser entendidos como un procedimiento más dentro del sistema de salud. Por el contrario, son una prioridad si consideramos que para estos pacientes la diálisis representa la única oportunidad que tienen para seguir viviendo.
 
El problema de las dializadoras dejó de ser una alerta técnica para convertirse en una crisis humanitaria dentro del sistema de salud ecuatoriano que evidencia su deterioro progresivo desde hace varios años. Lejos de la discusión presupuestaria que ha sido relegada en múltiples ocasiones, el Estado ha asumido la necesidad que tiene de depender de una red complementaria privada que le permita atender al 88 por ciento de los enfermos renales a nivel nacional. Sin embargo, el punto álgido del problema radica en los atrasos sistemáticos de los pagos del Estado a estas instituciones.
 
Detrás de los cerca de 400 millones de dólares adeudados por el Ministerio de Salud y el IESS, se encuentra una realidad mucho más difícil para los pacientes renales. Clínicas endeudadas, personal médico superado por las limitaciones del sistema y pacientes que día a día conviven con la incertidumbre de su condición. Mientras, las dializadoras enfrentan dificultades para adquirir insumos, sostener operaciones y garantizar la continuidad de los tratamientos a pesar de la falta de recursos económicos para hacerlo. 
 
Cada paciente requiere sesiones de diálisis constantes cuyo costo mensual ronda los 1.500 dólares, valor que las clínicas asumen sin recibir reembolsos oportunos del sistema de salud pública. En 2026, el sector de salud opera con un presupuesto que supera los 5.000 millones de dólares dentro de un Presupuesto General del Estado cercano a los 46.000 millones de dólares. Cabe destacar que de dicho presupuesto solo una fracción corresponde a la atención de pacientes renales en el presente, por lo que la deuda retroactiva no se ve contemplada. Así mismo, de estos recursos se privilegian gastos relacionados a operaciones y pago de nómina de las estructuras de salud vigentes por lo que difícilmente se vislumbran oportunidades de inversión en infraestructura, prevención y fortalecimiento de la red pública. 
 
El sistema de salud requiere cerca de 687 millones de dólares para la adquisición de medicamentos e insumos, mientras que el presupuesto asignado bordea los 300 millones de dólares. De este modo se evidencia una diferencia entre necesidad operativa y disponibilidad fiscal cercana al 50 por ciento. Es así que esta brecha se traduce en retrasos en compras públicas, limitaciones de abastecimiento y acumulación de obligaciones que afectan directamente la continuidad de la atención y que no están contempladas dentro del presupuesto vigente.
 
Aunque el MSP anunció pagos parciales por 22,7 millones de dólares en mayo de 2025 y el IESS asegura haber desembolsado más de 113 millones de dólares en distintos períodos, los atrasos continúan acumulándose y el problema persiste. En gran medida esto se debe a la falta de planificación de las instituciones públicas, la débil capacidad de gestión de las mismas y la ausencia de soluciones estructurales que han convertido a los pacientes renales en el rostro más visible de un sistema sanitario que opera al límite de su capacidad. Por eso, reducir este problema a un percance financiero lo limita en su complejidad, desplazando responsabilidades políticas y de gestión que hoy resultan urgentes de atender. 
 
Lo que ocurre con las dializadoras refleja una situación más amplia dentro del sistema de salud ecuatoriano. Las denuncias sobre hospitales desabastecidos, escasez de medicamentos, citas médicas demoradas y creciente dependencia de prestadores privados muestran un modelo agotado, con crecientes dificultades para responder de manera eficiente y sostenible a las necesidades de la población. 
 
Resolver esta dificultad implica mucho más que saldar deudas pendientes, significa reconstruir la confianza en las instituciones y entender que la salud debe asumirse como una prioridad nacional y como la base mínima de dignidad para cualquier sociedad.