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MOVIMIENTO NIÑAS NO MADRES
Cuatro casos buscan cambiar la realidad de las niñas que son forzadas a ser madres en Ecuador y América Latina
Son parte de un litigio ante la ONU, entre ellos está el caso de Norma, una niña ecuatoriana
Jueves, 06 de junio de 2024, a las 17:31
Mayra Tirira, abogada de Surkuna, presentando los casos en Quito ante los medios de comunicacin.

Mayra Tirira, abogada de Surkuna, presentando los casos en Quito ante los medios de comunicación.


Redacción. Quito
Se ha cumplido cinco años desde que el movimiento ‘Son Niñas, No Madres’ ha presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuatro casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual, forzadas por sus Estados a continuar con sus embarazos producto de esas violaciones.
 
Norma de Ecuador, Fátima de Guatemala, y Lucía y Susana de Nicaragua tenían entre 10 y 13 años cuando fueron víctimas de violencia sexual; tenían menos de 14 años cuando confirmaron sus embarazos producto de violación y, a pesar de expresar su deseo de no ser madres, sus Estados les negaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Además de verse desprotegidas enfrentaron estigma, amenazas y violencia obstétrica.
 
Este litigio, aún sin dictamen (se espera que llegue este 2024), tiene el objetivo de resaltar la urgente necesidad de justicia para las niñas latinoamericanas víctimas de violencia sexual. Además, constituye un llamado a los Estados para que protejan a las niñas sobrevivientes de violencia y les garanticen el acceso a servicios de salud y educación sexual integral.
 
“Es necesario seguir insistiendo en defender la libertad de las niñas, su capacidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida y su derecho a vivir una infancia y desarrollo libre de violencias. Estamos seguras de que la sociedad latinoamericana está lista para avanzar y saldar su deuda histórica con las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en la región. Con estas acciones esperamos sensibilizar y avanzar hacia una sociedad más justa y en libertad”, ha destacado Ana Cristina Vera, coordinadora de litigio estratégico de Surkuna.
 
La región de América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo, esta situación se agrava más por la alta prevalencia de violencia sexual en contras de las niñas y la falta de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los Estados eliminar el delito de aborto de los códigos penales, no obstante, aún falta mucho por recorrer en este camino.
 
En este contexto, los cuatro casos presentados son “representativos del patrón regional de niñas obligadas a ser madres debido a la persistencia de la violencia sexual, a la falta de acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva y la presencia de marcos normativos restrictivos que impiden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”.
 
Norma vs Ecuador
 
Norma (pseudónimo para protección de la sobreviviente) fue forzada a una maternidad no deseada tras violaciones reiteradas por parte de su padre. Al momento de los hechos, la ley ecuatoriana establecía que las niñas y las mujeres podían acceder al aborto legal cuando su vida y salud estuvieran en riesgo, pero esta posibilidad le fue negada y su agresor murió en impunidad, sin haber sido aprehendido ni sancionado por la violencia sexual ejercida en contra de su hija.
 
Norma fue forzada a llevar un embarazo, tener un parto por cesárea y sufrió violencia obstétrica por parte de los prestadores de salud. Debido al trauma. Se resistía al contacto con el recién nacido, pues le causaba sufrimiento, a pesar de ello fue obligada a lactar.  
 
Durante el embarazo, fue obligada a abandonar la escuela. Después del parto quiso volver a estudiar, pero no pudo hacerlo porque no contaba con apoyo para cuidar a su hijo.  En la actualidad, Norma sigue esperando justicia para ella y para que ninguna niña más pase por situaciones como las que ella vivió.  
 

Si bien la legislación ecuatoriana ha tenido avances significativos en la consecución de la garantía de los derechos de las mujeres y niñas, aún persisten grandes desafíos. La maternidad forzada infantil sigue siendo un grave problema en el país.
 
En 2023 se han registrado 1.898 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, lo que refleja la alarmante magnitud de esta crisis. Para abordar la problemática del embarazo adolescente y aumentar la transparencia en los datos estadísticos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha presentado en 2023 la plataforma de Mapeo de Embarazo Adolescente en Ecuador. Estas medidas subrayan la urgente necesidad de proteger a las niñas y adolescentes.
 
El 29 de mayo de 2019, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global (PPG), Mujeres Transformando el Mundo (MTM), y Surkuna Ecuador se unieron para ejecutar la estrategia de litigio ‘El Golpe’ y presentaron los cuatro casos ante Naciones Unidas con el propósito de solicitar la justicia, reparación y medidas de no repetición, hasta ahora no bridada por sus Estados.
 
Norma, Fátima, Lucía y Susana son muestra de la violencia y la impunidad que enfrentan cientos de niñas en la región. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2020, en América, el 80 por ciento de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas dentro de este grupo de edad dieron a luz.
 
Desafíos y avances en relación al aborto en Ecuador
 
En Ecuador, desde 2008 la ley establece el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud sexual y reproductiva, a pesar de ello el aborto sigue siendo un tema controversial sujeto a diversas regulaciones legales en todo el mundo.
 
A nivel internacional, se han establecido estándares para regular el aborto de manera que se garanticen los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Estos incluyen el acceso seguro, legal y efectivo, la eliminación de barreras y obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y la garantía del acceso a la atención de salud sin discriminación.


A pesar de los avances en normativas, en Ecuador persisten restricciones en el acceso al aborto seguro. Según Surkuna, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla delitos relacionados con el aborto, pero algunos de ellos son considerados inconstitucionales por atentar contra los derechos reproductivos de las mujeres.
 
En 2021 se despenalizó el aborto por violación para todas las mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, aunque la ley que regula esta causal aún enfrenta críticas por no cumplir con las recomendaciones internacionales para garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud básico, especialmente, al establecer plazos para la garantía de este servicio de salud, generando y fortaleciendo las barreras de acceso.
Este contexto se agrava por determinantes sociales como la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ser joven, racializada, vivir en zonas urbano-rurales y tener pocos recursos económicos. La falta de educación sexual integral también impide que las niñas conozcan sus derechos y las implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento.
 
Durante los últimos cinco años, el movimiento Son Niñas, No Madres ha buscado maneras de activar la conversación sobre maternidades forzadas y generar avances que permitan a las niñas retomar su infancia.
 
Para ello, entre 2021 y 2022 lanzó el kit de acción y podcast homónimo para proporcionar a la ciudadanía no solo información de la problemática de maternidades forzadas en niñas en la región, sino también pasos para actuar y ser parte de la solución. También, personalidades públicas y lideresas de opinión elevaron su voz para recordar los casos de las sobrevivientes.
 
También se ha consolidado una coalición activa de organizaciones que mantienen el tema en el debate público y trabajan incansablemente por la causa, movilizando a miles de personas a través de encuentros en defensa de los derechos de las niñas y una gran firmatón a nivel regional en la que cerca de 5 mil personas sumaron su firma para exigir a los Estados que garanticen los derechos de las niñas sobrevivientes de violencia sexual.
 
Además, ha vinculado a embajadoras comprometidas que han levantado su voz, impactando en los medios de comunicación y las redes sociales. Con el hashtag #SonNiñasNoMadres, que ya ha sido usado por millones de personas, este movimiento sigue destacando la urgencia de un cambio en América Latina frente a esta problemática.





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