Edición Médica

William Perugachi, presidente de Anamer.

Redacción. Quito
El personal sanitario que cumple con el servicio rural en algunas zonas alejadas del país ha sido blanco fácil de la violencia especialmente en zonas de frontera, “no es un hecho nuevo”, así lo confirma William Perugachi Calderón, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador (Anamer).
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Perugachi ha realizado un recuento de escalofriantes experiencias vividas este último año por médicos, enfermeras y odontólogos rurales en varios lugares alejados o céntricos del país.
 
Es el caso de 4 médicos rurales que servían a la población de Chura (o Chancama) una parroquia rural del cantón Quinindé (Esmeraldas). La zona es habitada por unas 3.505 personas (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador-INEC).
 
“Solo los rurales servían allí” hasta hace unas semanas, cuando de camino al centro de salud fueron interceptados por personas armadas en la vía. El automóvil donde se transportaban tiene las huellas de los disparos y en su interior quedaron algunos casquillos. El violento suceso les ha hecho cuestionarse sobre las condiciones de riesgo para la vida en las que deben trabajar.
 
El hecho ha sido denunciado en Fiscalía bajo el amparo de Anamer, pues las víctimas como muchos otros rurales temen hacerlo de forma personal, pero también se ha pedido el cambio de plaza pues la situación es preocupante. Mientras tanto, los servicios médicos a la población se han suspendido porque ese centro de salud no dispone de un profesional de planta.
   
Perugachi ha comentado que en la frontera tanto norte, como sur del país, “apenas llegan a la inducción en el centro de salud les decían que se trabaja de 8:00 a 16:00 horas, si se pasan no tienen que salir (de la unidad de salud) porque a los médicos les secuestran y si son mujeres mejor vayan y escojan otras plazas. De una vez pidan que les cambien por los abusos que existen”.
 
Otro caso reciente es el de una médico y una odontóloga rural en la provincia de Pastaza a quienes se les asignó un trabajo extramural junto a un Técnico de Atención Primaria (TAP) con quien viajaban en su moto. Él decidía donde parar para descansar y en una de esas paradas fueron sorprendidas por varios hombres que intentaron agredirlas sexualmente. Se libraron al alcanzar a pedir ayuda. El suceso también fue denunciado por Anamer.
 
Esos y otros casos de violencia son cotidianos en la vida de algunos rurales que a decir de Perugachi temen denunciar por varios factores: se sienten vulnerable, con miedo, frágiles. A eso se suma la insensibilidad de las autoridades tanto de los centros de salud, como de los distritos, y por la burocracia que eso implica.
 
“Muchos compañeros nos dicen que si denuncian los delincuentes irán a buscarlos al centro de salud (algunos situados a varias horas de una zona poblada) y si les hacen algo, simplemente los desaparecen, nadie los encontrará. Entonces son cosas que la gente no se atreve denunciar, muchos menos los rurales que deben aguantar durante un año las condiciones de un sitio geográfico, que muchas veces son inseguros y no solo por los robos, sino también por la violencia psicológica, sexual y la delictiva”.
 
La desatención de la población
 
“Es un tema bastante crítico” el del aumento de la violencia, ha admitido el dirigente, no solo por la vulneración hacia los profesionales, sino que también por la violencia ha obligado a mantener cerradas algunas unidades y por lo tanto “tener mujeres embarazadas desatendidas, niños sin vacunas, personas vulnerables prioritarias sin su medicación, sin su visita médica, sin su atención, etc.”.
 
En este contexto, Perugachi ha sido enfático en señalar que no existe ningún tipo de estadísticas relacionada a eventos violentos que implique a los profesionales rurales, principalmente por que no se realizan denuncias formales y, por otro lado, la autoridad sanitaria tampoco lleva registro de estos incidentes.
 
El mismo dirigente ha dado a conocer que la dirección de Talento Humano desconocía el caso de Chura, hasta cuando Anamer debió interceder para buscar el cambio de plazas de los médicos amenazados.
 
“Como este caso debe haber muchos a nivel nacional, que no se socializan, que no se denuncian y que obviamente no se contabilizan”, por ello, Perugachi ha pedido a los rurales que denuncien estas situaciones a la organización, a través del correo electrónico:  denuncias@anamer.org
 
El dirigente ha reiterado que la problemática no les es ajena, “antes era más común en la zona de frontera y más en la norte donde había guerrillas. Pero ahora se ha agudizado mucho más en las zonas más centrales del país, en las zonas más residenciales, más pobladas, cada vez más cercanas a las grandes ciudades”, ha advertido.
 
Capacitación y situaciones de riesgo
 
“Todos los médicos que estamos haciendo salud rural sabemos y somos conscientes de la necesidad de servicios (sanitarios) de nuestra población. Pero a uno no le preparan para trabajar en ambientes de amenazas. Ninguno va a esforzarse más o menos bajo amenaza, el objetivo será siempre el mismo, ayudar a sanar a nuestra población”, ha señalado el dirigente.
 
No obstante, para los que sirven cerca de un centro de privación de la libertad, hay una capacitación especial, ha reconocido Perugachi. Pero cuando se trata sobrellevar eventos relacionados a la narcodelincuencia, como está sucediendo con más frecuencia, “ese tipo de capacitaciones no se ven y más bien se tratan de ocultar muchos de los problemas porque van a creer que la delincuencia están ganando”, y ante eso, las autoridades gubernamentales se limitan, en algunos casos, a realizar cambios de plazas.
   
Ahora bien, Perugachi está muy claro en que la solución a este problema es integral y que el Ministerio de Salud (MSP) “no está para brindar seguridad a la población sino para sanar, para curar, para acompañar, para prevenir, para ser muy empáticos, para entenderles, etc. La seguridad es responsabilidad de otros niveles del gobierno”, pero también ha reconocido que, en medio de la violencia, también está en juego la integridad de los profesionales de la salud.
 
Y en ese sentido no se ha evidenciado algún tipo de planificación en el MSP, ha informado el dirigente, quien asegura que “ni siquiera están mapeadas las zonas en las que hay estos problemas” de violencia e incluso ha pedido que “no les manden (a los rurales) de conejitos de indias”.
 
“Si ya saben que una zona es peligrosa encontremos gente de planta, de la región y no personas desconocidas a las que les mandan de novatos a apagar piso”, ha añadido.
   
Y frente a una realidad en la que cada vez las incursiones violentas se hacen más cotidianas en los centros de prestación de servicios sanitarios, tanto en zonas rurales como en las urbanas, el representante de los rurales ha pedido un nuevo estudio de zonificación de las plazas, que no se ha actualizado desde 2014.
 
“Es decir, vean qué plazas son de fácil acceso, las de difícil acceso y también agregar una nueva categoría, las plazas de alto riesgo, es decir las que sabemos que hay altos índices delincuenciales, agresión física, sexual, psicológica y tener cierto tipo de bonificaciones”, ha sugerido Perugachi.
 
Sin respuesta oficial
 
EDICIÓN MÉDICA ha solicitado información desde hace varias semanas a los ministerios de Salud (MSP) y del Interior sobre la inseguridad en las instituciones sanitarias, así como la gestión de estos eventos y las garantías para el trabajo del personal sanitario.
 
Sin embargo, ninguna de las dos instituciones ha brindado información concreta. El MSP ha asegurado que, al respecto, la competencia de vocería es del Ministerio de Gobierno. Hasta el cierre de esta nota, no hemos tenido ninguna respuesta.

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