Edición Médica

José Ignacio Vallejo, abogado de Ds Legal Group.

El diagnóstico constituye uno de los pilares fundamentales de la práctica médica. A partir de él se definen los tratamientos, se establecen pronósticos y se toman decisiones que inciden directamente en la salud y la vida de los pacientes. Sin embargo, el ejercicio de la medicina se desarrolla en un entorno de permanente incertidumbre, donde los síntomas pueden ser inespecíficos, las enfermedades evolucionan de manera distinta en cada persona y los recursos diagnósticos no siempre permiten obtener respuestas inmediatas. Por ello, no todo diagnóstico equivocado representa, por sí mismo, una actuación incorrecta o una responsabilidad legal.
 
Desde una perspectiva médico-jurídica, el error de diagnóstico puede entenderse como la identificación incorrecta, tardía o la falta de reconocimiento de una enfermedad que influye en la atención del paciente. En la práctica, este error puede obedecer a múltiples factores: presentaciones clínicas atípicas, enfermedades poco frecuentes, limitaciones de los métodos diagnósticos o incluso a la evolución natural de la patología. Precisamente por esta razón, el análisis jurídico de cada caso debe realizarse de manera individual y considerando las circunstancias específicas en las que actuó el profesional de la salud.
 
Uno de los aspectos más importantes es comprender que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no sanciona el error médico como un hecho aislado. Lo que puede generar responsabilidad es la existencia de una actuación negligente, imprudente o alejada de los estándares profesionales generalmente aceptados, conocidos como lex artis. En otras palabras, el análisis no se centra exclusivamente en el resultado obtenido, sino en determinar si el médico actuó con la diligencia, los conocimientos y la prudencia que razonablemente se esperaban frente a un caso similar. Esta diferencia resulta especialmente relevante porque la medicina no es una ciencia exacta. Existen enfermedades que comparten manifestaciones clínicas, pacientes que responden de manera diferente a los tratamientos y situaciones en las que el diagnóstico definitivo únicamente puede alcanzarse con la evolución del cuadro clínico o mediante estudios posteriores. En consecuencia, un desenlace desfavorable no implica automáticamente que haya existido una mala práctica.
 
No obstante, cuando un error diagnóstico es consecuencia de la omisión de actuaciones que razonablemente debieron realizarse como una valoración clínica incompleta, la falta de solicitud de exámenes pertinentes, la omisión de signos de alarma o la ausencia de una derivación oportuna a otro especialista pueden surgir distintas formas de responsabilidad legal.
 
En el ámbito penal, la actuación médica puede ser objeto de investigación cuando un presunto incumplimiento del deber objetivo de cuidado ocasiona lesiones o incluso la muerte del paciente. Sin embargo, la existencia de un resultado adverso no basta para atribuir responsabilidad. Es indispensable demostrar, mediante una valoración técnica y jurídica, que existió una conducta culposa y que esa actuación fue la causa directa del daño producido. Desde la perspectiva civil, el paciente o sus familiares pueden reclamar una indemnización cuando consideran que un diagnóstico erróneo les ocasionó un perjuicio. En estos casos, también resulta necesario acreditar que existió una conducta contraria a los estándares profesionales y que dicha actuación produjo efectivamente el daño alegado. La sola inconformidad con la evolución clínica o con el resultado del tratamiento no constituye, por sí misma, fundamento suficiente para establecer responsabilidad.
 
Adicionalmente, pueden presentarse consecuencias administrativas o de carácter deontológico cuando las autoridades competentes o los organismos profesionales concluyen que existió un incumplimiento de las obligaciones éticas o de las normas que regulan el ejercicio profesional. Estas actuaciones son independientes de los procesos judiciales y persiguen garantizar que la atención sanitaria se preste bajo criterios de calidad y seguridad. En cualquiera de estos escenarios, la prueba pericial adquiere un papel determinante. Son los especialistas quienes analizan si las decisiones adoptadas fueron acordes con la lex artis, considerando la información disponible al momento de la atención y no con el conocimiento que pudo obtenerse posteriormente. Esta valoración evita que los hechos sean analizados únicamente desde el resultado final, permitiendo una apreciación técnica mucho más objetiva.
 
Frente a este panorama, la mejor estrategia para disminuir el riesgo de reclamaciones no consiste en ejercer una medicina defensiva, sino en fortalecer una práctica clínica segura, documentada y basada en la evidencia científica. Una adecuada historia clínica continúa siendo el principal respaldo del profesional de la salud, ya que refleja el razonamiento diagnóstico, los hallazgos obtenidos, las decisiones adoptadas y el seguimiento realizado durante la atención del paciente. Del mismo modo, una comunicación clara y oportuna con el paciente y su familia constituye un elemento esencial de la práctica médica. Explicar las hipótesis diagnósticas, las limitaciones existentes, la necesidad de controles posteriores o la posibilidad de modificar el diagnóstico conforme evolucione el cuadro clínico fortalece la relación médico-paciente y reduce significativamente los conflictos derivados de expectativas poco realistas. Igualmente, importante resulta reconocer cuándo es necesario solicitar una interconsulta o derivar al paciente a otro especialista. Lejos de interpretarse como una falta de conocimientos, esta decisión demuestra prudencia clínica y un compromiso con la seguridad del paciente. La medicina moderna exige un trabajo interdisciplinario en el que la colaboración entre profesionales constituye una herramienta para mejorar la calidad asistencial.
 
Finalmente, la actualización científica permanente y la implementación de protocolos institucionales orientados a la gestión del riesgo representan mecanismos eficaces para reducir la posibilidad de errores diagnósticos. La capacitación continua, las auditorías clínicas y la cultura de seguridad permiten identificar oportunidades de mejora antes de que se produzcan eventos adversos.
 
El error de diagnóstico debe analizarse siempre con equilibrio y objetividad. La responsabilidad legal no surge por el simple hecho de que un diagnóstico haya sido incorrecto, sino cuando se demuestra que el profesional actuó apartándose de los estándares de diligencia exigibles en su práctica. Por ello, una actuación clínica cuidadosa, una adecuada documentación y una comunicación efectiva con el paciente constituyen no solo buenas prácticas médicas, sino también la mejor protección frente a eventuales reclamaciones legales. En definitiva, fortalecer la calidad de la atención beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud y contribuye a generar un sistema sanitario más seguro, transparente y confiable.
 
Desde DS Legal Group abordamos estas problemáticas con una perspectiva especializada de Derecho Médico, integrando el análisis jurídico y médico legal para identificar riesgos, establecer mecanismos de prevención y brindar estrategias de protección jurídica acordes con las exigencias de la práctica sanitaria contemporánea.