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Ecuador | Colombia
Profesionales

COSAVI EN RESISTENCIA
Plataforma por la Salud y la Vida exige restaurar derechos laborales de los profesionales de la salud
Además, piden un marco legal que garantice la seguridad de los pacientes y la seguridad jurídica de la práctica sanitaria
Viernes, 24 de noviembre de 2017, a las 16:23
Alberto Narvez, coordinador de la Plataforma por la Salud y la Vida

Alberto Narváez, coordinador de la Plataforma por la Salud y la Vida.


Redacción. Quito
El VI Congreso Nacional por la Salud y la Vida ‘COSAVI en resistencia’, realizado por las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma por la Salud y la Vida, ha concluido con la elaboración de la ‘Declaración de Quito’, la cual fue aprobada por consenso y en la que se concertaron varias propuestas de acción relacionadas con temas de coyuntura para la salud pública del país.
 
Alberto Narváez, coordinador de la Plataforma por la Salud y la Vida, ha comentado a REDACCIÓN MÉDICA que se han pronunciado sobre temas que no se han resuelto en los últimos años y que son ambiguos para mejor la Salud en el país, como por ejemplo el Sistema Nacional de Salud, financiamiento, Código Orgánico de Salud (COS), derechos gremiales, entre otros.
 
En este sentido, según la Declaración de Quito del ‘VI COSAVI en resistencia’, se ha acordado aportar a la resolución de los principales problemas de salud del país, promoviendo la implementación de un Sistema Nacional de Salud que cumpla efectivamente los principios de universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, gratuidad, interculturalidad y democracia establecidos en la Constitución Ecuatoriana.
 
Además, se ha establecido demandar el cumplimiento de la Disposición Transitoria vigésimo segunda de la Constitución de la República para alcanzar el 4 por ciento de inversión del PIB para salud; la eliminación del flujo de recursos públicos hacia prestadores privados que aún subsiste; y la toma de acciones concretas que demuestren que se combate a la corrupción a nivel general y en el sector salud de manera particular.
 
Asimismo, demandar de la autoridad sanitaria los esfuerzos necesarios para recuperar capacidades técnicas y estratégicas perdidas, para enfrentar racionalmente las necesidades que plantean la vigilancia de la salud, el monitoreo socioambiental, el control de enfermedades, especialmente las de alto potencial epidémico.
 
COS
 
También se ha establecido exhortar a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que el COS sea discutido de manera democrática e incorpore los aportes sustentados con evidencia, así como las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y del Sistema de las Naciones Unidas, sobre temas de salud. De lo contrario, será un COS impuesto y autoritario, que “desde ya rechazaran” las organizaciones agrupadas en la Plataforma por la Salud y la Vida.
 
Por otro lado, se ha acordado reivindicar la inclusión (en el COS) del Consejo Nacional de Salud (Conasa) como una instancia de coordinación multisectorial, y obligatorio asesoramiento y apoyo en la formulación y ejecución de políticas de salud, con la participación independiente y autónoma de la sociedad civil organizada y no organizada. Así como exigir que la elaboración del COS incorpore enfoques de derechos, de género y de interculturalidad.
 
Derechos gremiales
 
En este sentido, se ha concretado exigir la restauración y respeto de los derechos laborales de los profesionales y los trabajadores de la salud. Así como la vigencia plena de la carrera sanitaria; las jornadas laborales reducidas; la estabilidad para los trabajadores contratados; la derogatoria del Decreto Ejecutivo 813; y un marco legal que garantice la seguridad de los pacientes y la seguridad jurídica de la práctica sanitaria.
 
Aborto
 
Por otro lado, se ha determinado exigir que se legalice el aborto en todos los casos de violación, acogiendo las recomendaciones de cinco comités de expertos de Naciones Unidas; rechazar su criminalización en el sistema de salud público y privado; y reclamar que se cumpla con la obligación de observar el secreto profesional y el derecho a la confidencialidad; así como que se archiven todos los juicios penales abiertos en contra de mujeres que solicitaron atención por abortos en curso.



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