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Guadalupe Llori niega evadir debate de aborto por violación
Dijo que el proyecto necesitaba votos y no solo buenas intenciones
Miércoles, 20 de abril de 2022, a las 10:31
Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.

Guadalupe Llori, presidenta de la AN.


Redacción. Quito
La presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Guadalupe Llori, ha negado haber eludido pronunciarse sobre el veto parcial impuesto por el presidente Guillermo Lasso a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación, cuyo plazo culminó el pasado sábado.
 
En un video publicado en redes sociales, Llori ha culpado a la comisión de Justicia de la AN por haber propuesto remitir el texto modificado por Lasso para que lo revisara la Corte Constitucional antes de que el Legislativo tomara una decisión.
 
"La comisión de Justicia planteó un camino fuera del procedimiento parlamentario que limitó el tiempo de la Asamblea para tratar la objeción parcial del presidente de la República. Seamos autocríticos. La decisión de la comisión de Justicia fue errónea", ha recalcado la legisladora.
 
"Ahora esta ley seguirá el trámite correspondiente. Este proyecto necesitaba votos, y no solo buenas intenciones", ha acotado.
 
En el video Llori se ha defendido de los cuestionamientos de distintos grupos políticos por su forma de manejar la Asamblea, y de aquellos que la culpan de dejar pasar el tiempo sin que el pleno revisara el veto impuesto por el presidente Guillermo Lasso a esa Ley.
 
El debate sobre las objeciones presentadas por Lasso estaba en la agenda del pleno de la AN, pero Llori suspendió la sesión para dar inicio al festivo de Semana Santa.
 
Con ello, la Asamblea se quedó sin tratar el veto parcial, aunque algunos asambleístas como Alejandro Jaramillo, aseguraron tener los 92 votos necesarios para ratificar el texto original que aprobaron en febrero.
 
El dato
 
La elaboración de esta ley fue ordenada por la Corte Constitucional, que hace un año emitió una histórica sentencia donde despenalizaba el aborto por violación y conminaba a los poderes ejecutivo y legislativo a desarrollar una norma que lo regule.



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