Edición Médica

Francisco Pérez, epidemiólogo, Universidad UTE / BLOOMBERG INITIATIVE FOR THE GLOBAL ROAD SAFETY (BIGRS).

Cada tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Aunque en Ecuador esta fecha coincidió con el referéndum nacional, es esencial no olvidar su importancia en salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros de tránsito son la duodécima causa de muerte en el planeta, cobrando alrededor de 1,2 millones de vidas cada año. En Ecuador, en 2024, ocuparon el quinto lugar, según el último informe de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
 
Los siniestros de tránsito no son eventos aleatorios; son el resultado de factores de riesgo claramente identificables y modificables, entre los cuales la velocidad destaca como un determinante clave de la mortalidad, la magnitud y la gravedad de las lesiones que provocan. Suspender el control mediante radares de velocidad es un retroceso para la salud pública y la seguridad vial, y debe revertirse con urgencia para evitar más muertes innecesarias en nuestras vías. Solo en 2024, datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mostraron que Ecuador registró 2.302 muertes por siniestros viales y más de 18.000 personas lesionadas.
 
Según la OMS, controlar y reducir los traumatismos causados por el tránsito requiere una respuesta sistémica, sostenida y multisectorial, respaldada por evidencia científica sólida y políticas públicas coherentes orientadas a la prevención. El desafío es claro: reducir las muertes causadas por el exceso de velocidad, el principal factor de riesgo en nuestras vías.
 
Solo en Quito y Guayaquil, las dos ciudades con mayor peso demográfico y de movilidad en el país, se registraron más de 400 muertes en el tránsito entre enero y octubre de 2025. El exceso de velocidad es la primera causa de estas tragedias en ambas ciudades, según datos municipales. En Guayaquil, las muertes por velocidad incluso aumentaron en comparación con el año anterior. Las razones pueden ser diversas, pero es imposible ignorar que a inicios de 2025 las autoridades nacionales ordenaron la suspensión de los radares de velocidad en todo el país.
 
La implementación de cámaras de velocidad y sistemas automatizados de control, combinados con políticas efectivas de supervisión y sanción, se encuentra entre las medidas más costo-efectivas para reducir la mortalidad y morbilidad vial. La evidencia ha mostrado, por ejemplo en locaciones de Australia, reducciones del 71 por ciento en el exceso de velocidad y del 89 por ciento tras la instalación de sistemas automatizados de control de velocidad, según el Banco Mundial. Por lo tanto, esta decisión debe ser revisada urgentemente si realmente pretendemos detener la pérdida de vidas en nuestras carreteras. Al mismo tiempo, debe estar acompañada de acciones que fomenten el cambio de comportamiento entre los conductores.
 
Sin embargo, persiste en nuestra sociedad la resistencia social y política a las medidas de control. Con frecuencia, se critica a las cámaras de velocidad como simples “máquinas de recaudar dinero”, y se acusa a las agencias de tránsito de enfocarse únicamente en sancionar o extorsionar a los conductores. Si bien la transparencia y la rendición de cuentas en el control siempre son esenciales, no podemos demonizar a los radares de velocidad considerando la cantidad de vidas que podrían salvar. En un mundo perfecto, nunca se emitirá una sola multa por exceso de velocidad, porque eso significa que todos están respetando los límites establecidos.
 
Estudios realizados por la International Injury Research Unit de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, y la Universidad UTE confirman que el exceso de velocidad es generalizado en Quito y Guayaquil entre conductores de vehículos particulares, operadores de transporte público, conductores de transporte pesado y, especialmente, motociclistas. Esto refuerza la necesidad de un control sostenido y efectivo que genere una verdadera disuasión y, en consecuencia, salve vidas.
 
No es común que un médico en Ecuador escriba sobre seguridad vial, pero este tema también debe abordarse desde una perspectiva de salud pública. La suspensión de los radares de velocidad representa un retroceso para la salud pública y la seguridad vial, y debe reconsiderarse urgentemente si pretendemos detener la pérdida de vidas en las carreteras del país. Sin embargo, reinstalar estos dispositivos por sí solo no es suficiente. Es indispensable una estrategia integral —una que combine educación vial, comunicación de riesgos, rediseño urbano, fortalecimiento institucional y participación comunitaria bajo un enfoque de salud pública y seguridad humana. Las muertes por siniestros de tránsito son un problema de salud pública, dada la magnitud de fallecidos y lesiones graves que resultan de la inacción.
 
Reducir las muertes causadas por el exceso de velocidad no solo evitaría una mayor destrucción del tejido social, sino que también ayudaría a reconstruir la confianza pública en las políticas de seguridad vial. La velocidad mata, y es crucial que todos los niveles de gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación coincidan en que se necesita actuar ahora.