Edición Médica

Encontraron en una ferretería documentos relacionados a la investigación.

Redacción. Quito
La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ha formulado cargos contra dieciséis personas por su presunta participación en el delito de enriquecimiento privado no justificado, en un nuevo caso de corrupción en la red de hospitales públicos en Guayas y Los Ríos.
 
En un comunicado oficial, la institución ha informado que Gino P. y Judith R. son presuntamente los autores del enriquecimiento ilícito con un incremento patrimonial que alcanza los 8 millones de dólares y los otros catorce fueron acusados de coautores.
 
Según ha informado Fiscalía, investiga si la millonaria cifra la obtuvieron de la adjudicación de contratos para abastecimiento de los hospitales de la Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública durante la emergencia sanitaria.
 
“El trabajo de Fiscalía inició con una serie de diligencias ejecutadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, creada para investigar casos de corrupción durante la emergencia sanitaria por COVID-19, a consecuencia de varias denuncias sobre hechos irregulares en instituciones públicas de varias provincias del país”, ha detallado la institución judicial.
 
Es así como durante la investigación previa, se ha determinado que los involucrados accedieron a procesos de contratación en los que presentaban sus ofertas, “especialmente para la adquisición de insumos médicos, y que gracias a la inclusión de proformas que hacían que una de ellas sea aparentemente más conveniente eran adjudicados a varios de los coautores. Acto seguido, la mayor parte del dinero era retirado y entregado a los autores del presunto delito”.
 
Según ha determinado, los coautores poseían RUC adecuado para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran distintas. Por ejemplo, en la ejecución del allanamiento a uno de los presuntos proveedores se verificó que en el lugar funcionaba una ferretería, donde se encontraron documentos que daban cuenta de los procesos de contratación investigados.
 
Fiscalía ha informado que el incremento patrimonial entre los dieciséis procesados “alcanza aproximadamente los 8 millones de dólares, cifra que no pudieron ser justificados y que se habría obtenido en la adjudicación de contratos en varios hospitales de la red de salud pública”, tanto del IESS como del MSP en Milagro, Durán y Babahoyo.
 
“Entre los principales elementos de convicción presentados se incluyen los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, la información extraída de los teléfonos celulares de los involucrados, que evidenciaría la presunta comisión del delito”, ha detallado la institución.
 
Sin embargo, también se cuenta con informes financieros y de contratación del Servicio de Compras Públicas (SERCOP), en la que se detallan los contratos adjudicados y la documentación obtenida de allanamientos ejecutados en varias casas de salud e inmuebles particulares.
 
Relacionado a esta causa, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción investiga la presunta comisión de otros delitos, en los que estarían involucrados funcionarios públicos.
 

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