Feministas piden al Estado asumir estándares internacionales sobre el aborto	                            
	                            
	                                La PUCE reunió a un grupo de especialistas en temas de derechos	                            
		                        
	                        			                        	
	
		
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					Encuentro Internacional Feminista en la PUCE. | 
	
Redacción. Quito 
Feministas y expertas en derechos humanos de América Latina han exhortado al Estado ecuatoriano asumir los 
estándares internacionales sobre aborto, en la normativa que la Asamblea Nacional debe definir en menos de un mes.
 
Durante el encuentro internacional "
Luchas históricas de las mujeres por sus derechos en América Latina", que se ha realizado en la Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y que contó con la participación de representantes de varios países de la región y de organismos internacionales, se analizó uno de los problemas de 
salud pública en discusión en varios países.
 
La reunión se ha realizado luego de que el presidente 
Guillermo Lasso, vetara de forma parcial el proyecto de Ley aprobada por la Asamblea Nacional, que 
despenalizaba el aborto por violación y definía plazos para la interrupción del embarazo.
 
Alda Facio, exconsejera de Naciones Unidas en temas de derechos femeninos, fue una de las expositoras y ha recordado que el tema de la 
interrupción voluntaria del embarazo es un debate continental que aún no termina.
 
Según ella, en América se han ido alcanzando 
metas sobre los derechos de la mujer, aunque también reconoció retrocesos como el caso de Estados Unidos, que en 1972 garantizaba el aborto pero que en los últimos años algunos estados de esa nación lo "han vuelto a penalizar".
 
A diferencia de EE.UU., 
Canadá tiene completamente legalizado el aborto, lo garantiza el Estado y no hay regulaciones sobre objeciones de conciencia en las instituciones encargadas de brindar ese tipo de asistencia, ha mencionado la especialista.
 
Asimismo, ha recordado que en 
Naciones Unidas se establecieron “muchos 
estándares internacionales" sobre la materia y que ese organismo exhorta a que se debe "despenalizar el aborto en todos los casos, aunque no se ha llegado a una instancia donde se diga que se debe legalizar el aborto en todos los casos".
 
También otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene consideraciones al respecto como el criterio que la interrupción del embarazo "
para niñas siempre fuera legal, porque es asunto de vida o muerte para ellas".
 
Según Facio en la actualidad "hay estándares internacionales" sobre este tipo de derechos y que los 
gobiernos latinoamericanos "sí están obligados a cumplirlos".
 
El derecho obliga
 
La venezolana 
Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA), también ha considerado que deben cumplirse los 
estándares internacionales.
 
"La integridad personal de la mujer es el único derecho absoluto existente", mientras que otras garantías están reguladas por convenciones internacionales. Por ello, se reconoce que "cuando 
una mujer ha sido violada, ha sido también víctima de tortura" y que como consecuencia de ello "ha podido quedar embarazada".
 
El derecho internacional obliga a 
los Estados a "resarcir el daño causado" y "garantizar la integridad física, psicológica y sexual" de las mujeres violadas, y por ello la normativa de los países debe coincidir con esta regulación general, ha insistido Mejía.
 
Para ella, Ecuador, como parte de la Convención Americana y suscriptor de otros instrumentos internacionales, "
está en la obligación de garantizar la integridad personal, física, psicológica y sexual de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual".
 
Según la Convención de Belem do Pará, los Estados están obligados a 
erradicar prácticas que incentiven la subordinación de las mujeres y vulneren sus derechos sexuales y reproductivos.
 
El dato
 
La Asamblea Nacional 
tiene menos de un mes para ratificar o allanarse al veto presidencial, de la propuesta de Ley que despenaliza el aborto por violación.