Edición Médica

Esta determinación se ha sustentado en un examen especial.

Redacción. Quito
La Contraloría General del Estado (CGE) ha ratificado responsabilidades civiles por 11.658.502,43 de dólares contra 68 servidores de 13 hospitales que forman parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).
 
Tras cumplirse con el debido proceso en las áreas de juzgamiento de la CGE, se ha ratificado las responsabilidades civiles para los servidores públicos de los hospitales: Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha, ha detallado, a través de un comunicado.
 
Esta determinación se ha sustentado en un examen especial realizado por el organismo de control en 2023, que ha analizado varios contratos relacionados con las adquisiciones de dispositivos médicos y medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
 
El período auditado comprendió entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Los hallazgos establecidos en el informe No. DNA7-SySS-0078-2023, indican diferencias en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los existentes en las bodegas general y de farmacia de los hospitales del MSP, debido a que no hubo un control riguroso de los ingresos y egresos en las mencionadas bodegas, ni verificación de la distribución, destino y uso de fármacos.
 
Esto habría generado un perjuicio de más de 11 millones de dólares, ha precisado la Contraloría.
 
El informe de auditoría también señala que se han adquirido 100 unidades de Rituximab líquido parental por emergencia sin cumplir con las causales legales, al igual que el medicamento Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, que ha sido entregado fuera del plazo contractual, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
 
Además, no se ha verificado que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción, lo que ha impedido el cobro de multas y ha permitido el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados.
 
Esto ha afectado el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y ha provocado el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia, ha asegurado la CGE.
 
Otra irregularidad es que, tras la terminación unilateral de uno de los contratos, no se ha registrado al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP, tampoco se han ejecutado garantías de fiel cumplimiento ni se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.

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