Edición Médica

Comisión de Salud.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional continúa el análisis del proyecto de Ley de Salud Sexual Integral, Formación y Protección durante la Vida, unificado con el proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, que se encuentra en trámite de segundo debate.
 
Ha recibido delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, quienes han presentado observaciones técnicas y jurídicas orientadas a fortalecer el contenido del proyecto.
 
Freddy Jácome, coordinador general de Sostenibilidad del MSP, ha informado que esta cartera de Estado ejecuta la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2026-2035, en coordinación con el Ministerio de Educación y otras instituciones públicas. Por ello, ha ratificado que el MSP mantendrá su rol como autoridad sanitaria nacional y participará en la implementación de la normativa, en caso de ser aprobada.
 
Además, ha anunciado que remitirá información complementaria relacionada con la planificación, presupuesto, capacidad operativa y las observaciones técnicas formuladas al proyecto de ley.
 
De su parte, Xavier Salgado, subdirector Nacional de Provisión de Servicios del IESS, ha dado su análisis técnico en el que se han identificado posibles duplicidades normativas, falta de memoria económica, eventuales cruces de competencias institucionales y aspectos relacionados con técnica legislativa.
 
En este contexto, ha recomendado armonizar el proyecto con la Constitución y el marco legal vigente; delimitar con claridad las responsabilidades de cada institución; incorporar mecanismos de financiamiento y control; evitar la regulación mediante ley de materias que corresponden a normativa secundaria.
 
 
Además, ha precisado que la institución remitirá datos sobre cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva, diagnóstico y tratamiento de infertilidad, reproducción humana asistida e impacto financiero.
 
Isabel Pérez, del Ministerio de Educación, ha explicado que la unificación de ambos proyectos responde a objetivos diferentes, lo que podría generar inconsistencias dentro del articulado.
 
La funcionaria ha asegurado que varias observaciones realizadas por esa cartera de Estado al proyecto relacionado con reproducción humana asistida ya fueron incorporadas y consideró necesario revisar disposiciones que podrían duplicar contenidos existentes.
 
Para concluir, el subsecretario Emilio Félix Romero ha indicado que el ministerio respalda las políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo adolescente y la protección integral de niñas, niños y adolescentes. No obstante, ha planteado reparos sobre determinados artículos del proyecto al considerar que podrían generar afectaciones en la distribución de competencias institucionales y en la rectoría del sistema educativo.
 
De manera que ha propuesto fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y evitar que la ley incorpore contenidos que, por su naturaleza, deben desarrollarse mediante normativa técnica o reglamentaria.

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