Edición Médica

Juan Andrés Suárez, abogado en Ds Legal Group.

La reclamación médica en el Ecuador ha estado tradicionalmente vinculada a los ámbitos penal, civil y administrativo. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un crecimiento significativo de las acciones constitucionales como mecanismo para cuestionar la atención brindada por profesionales e instituciones de salud. Esta tendencia responde, en gran medida, a la necesidad de obtener respuestas judiciales más rápidas frente a presuntas vulneraciones del derecho a la salud, derecho que ocupa una posición central dentro del marco constitucional ecuatoriano.
 
La vía penal continúa siendo una de las más utilizadas por los pacientes para plantear reclamaciones por supuesta mala práctica médica. No obstante, estos procesos suelen caracterizarse por una duración considerable, ya que además de la etapa de investigación previa pueden desarrollarse múltiples fases procesales antes de alcanzar una resolución definitiva. En determinados casos, cuando la investigación se extiende por varios años antes de la formulación de cargos, la duración total del proceso puede superar ampliamente los cinco años e incluso acercarse al plazo máximo de prescripción aplicable. Por su parte, las acciones civiles orientadas a la reparación económica de los daños no son especialmente frecuentes en el país, mientras que los procedimientos administrativos, aunque pueden derivar en sanciones o determinaciones de responsabilidad institucional, generalmente no contemplan indemnizaciones para los afectados.
 
Ante estas limitaciones, las acciones constitucionales se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada. Su principal atractivo radica en la celeridad procesal. Una vez presentada y calificada la demanda, los accionados son notificados y convocados a audiencia en un plazo muy breve, por lo que médicos, clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud disponen de apenas unos cuantos días para recopilar documentación, analizar el caso, coordinar criterios técnicos y estructurar una defensa adecuada. Esta rapidez busca garantizar una tutela efectiva de los derechos constitucionales, pero al mismo tiempo genera importantes desafíos para quienes deben ejercer su defensa.
 
Dentro de este ámbito, la acción de protección constituye la garantía jurisdiccional más utilizada para plantear reclamaciones relacionadas con la atención médica. No obstante, dependiendo de las circunstancias del caso, también pueden presentarse otras garantías constitucionales, como medidas cautelares autónomas o acciones de hábeas data relacionadas con el acceso o rectificación de información contenida en historias clínicas. En consecuencia, los profesionales y establecimientos de salud pueden verse involucrados en procedimientos constitucionales de diversa naturaleza, cada uno con requisitos, efectos y riesgos particulares.
 
Uno de los aspectos más relevantes de este procedimiento es que la comparecencia a la audiencia resulta fundamental. La falta de comparecencia o la ausencia de una defensa técnica adecuada puede producir consecuencias jurídicas relevantes para el accionado, aunque no existía responsabilidad médica. Por esta razón, la preparación inmediata y organizada frente a una acción constitucional se ha convertido en una necesidad para los profesionales e instituciones sanitarias.
 
El incremento de estas reclamaciones también encuentra explicación en el carácter garantista del Estado ecuatoriano. La Constitución reconoce al derecho a la salud como un derecho fundamental y exige a las autoridades adoptar medidas eficaces para su protección. Como consecuencia, cada vez más usuarios del sistema sanitario consideran a las garantías jurisdiccionales como una vía idónea para obtener respuestas rápidas frente a inconformidades derivadas de la atención médica. Este escenario ha provocado un aumento constante de litigios constitucionales relacionados con procedimientos médicos, diagnósticos, tratamientos y acceso a servicios de salud.
 
Sin embargo, esta realidad también plantea importantes riesgos. Los procesos constitucionales frecuentemente involucran materias altamente especializadas que requieren conocimientos científicos y técnicos para su correcta comprensión. La práctica médica se sustenta en protocolos, guías clínicas, criterios diagnósticos, riesgos inherentes y decisiones terapéuticas complejas que no siempre resultan fáciles de interpretar desde una perspectiva exclusivamente jurídica. En consecuencia, existe el riesgo de que controversias médicas sean analizadas sin la profundidad técnica necesaria para comprender adecuadamente los hechos discutidos.
 
En este contexto, la participación de abogados especializados en derecho sanitario y responsabilidad médica adquiere una importancia trascendental. La defensa de un profesional o institución de salud no puede limitarse al conocimiento procesal o constitucional, sino que requiere la capacidad de comprender la terminología médica, interpretar documentación clínica y explicar al juzgador los estándares científicos aplicables al caso concreto. Una adecuada articulación entre el conocimiento jurídico y el conocimiento médico constituye un elemento esencial para garantizar el derecho a la defensa y permitir que las decisiones judiciales se fundamenten en criterios objetivos.
 
La creciente utilización de las acciones de protección en materia sanitaria demuestra que la reclamación médica en Ecuador está experimentando una transformación significativa. Estas acciones exigen una mayor preparación de los profesionales de la salud y de sus equipos legales. En un entorno constitucional cada vez más activo, la defensa técnica especializada se convierte en una herramienta indispensable para alcanzar decisiones equilibradas que protejan tanto los derechos de los pacientes como las garantías de quienes prestan servicios de salud.