Edición Médica

Juan José Reyes, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud.

Redacción. Quito
El Pleno de la Asamblea Nacional ha conocido en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, una normativa que aborda aspectos médicos, técnicos y jurídicos de estos procedimientos, garantizando el interés superior del niño, los derechos de las personas involucradas y el reconocimiento de la diversidad familiar.
 
Juan José Reyes, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y ponente del informe, ha explicado que la iniciativa responde a un mandato de la Corte Constitucional y se ajusta plenamente a la Constitución.
 
Ha subrayado que el proyecto reconoce los derechos de los niños nacidos mediante estas técnicas, garantizando su dignidad, no discriminación y protección de la confidencialidad de su origen.
 
Según lo indicado, la propuesta establece responsabilidades para quienes solicitan los procedimientos, para los donantes y para el personal de salud. Además, podrán acceder a estas técnicas personas mayores de 18 años, ecuatorianas o con residencia, mediante un contrato escrito, a fin de evitar el “turismo reproductivo”.
 
También regula técnicas como fecundación in vitro, inseminación artificial o intrauterina y crioconservación de gametos y embriones; excluye la gestación subrogada, la reproducción póstuma y la clonación, y prohíbe la comercialización de embriones.
 
Adicional, se propone crear el Comité Nacional de Reproducción Humana Asistida, encargado del control, supervisión e impulso de la investigación y capacitación. Además, se asignan responsabilidades al Ministerio de Educación para desarrollar campañas de concientización.
 
Es decir, la normativa se centra en ordenar prácticas existentes sin generar impacto fiscal, ha agregado.
 
Durante el debate legislativo, los ocho legisladores que intervinieron han coincidido en la necesidad de contar con una ley que garantice el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, asegurar el acceso seguro a estas tecnologías y proteger los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.
 
Annabella Azin ha enfatizado que la infertilidad es un tema de salud pública que afecta a miles de familias y que la ley no crea un servicio nuevo, sino que ordena una práctica ya existente, cuyos altos costos actualmente asumen directamente los pacientes.
 
Mónica Salazar ha resaltado la obligación de la Asamblea de garantizar la maternidad y paternidad responsables, así como los derechos reproductivos de mujeres y hombres.
 
De su parte, Cristina Jácome ha mencionado que la propuesta debe revisarse para evitar vacíos y asegurar coherencia con los principios éticos y jurídicos.
 
Concluido el debate, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ha dispuesto que el proyecto regrese a la Comisión de Salud para la elaboración del Informe para segundo debate.  

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