Edición Médica

David Cabrera Vásconez, especialista en Administración de Salud y Seguros

Siempre será importante comentar sobre la lucha de un hombre que venció al sistema enfrentando una dura batalla contra todo un aparataje que politizó un caso médico, confundiendo lo administrativo con lo técnico sanitario.

Se trata del caso de Charlotte Mazoyer, probablemente el caso médico individual más importante de los últimos 17 años en nuestro país.

La señorita Mazoyer falleció el sábado 12 de septiembre del 2009 en La Clínica Pichincha (actualmente ya no existe esa institución) por una herida de bala por un asalto en el sector de Guápulo en Quito.

Posteriormente a su deceso, se iniciaron una serie de indagaciones de toda índole tanto administrativas, como médicas y legales que durarían varios años, hasta que en 2014 el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha dictó una sentencia condenatoria en contra del galeno López por el delito de “negativa de atención” imponiéndose 12 meses de reclusión.

La Clínica Pichincha se deslindó del tema administrativo por la prestación médica, y el caso tomó nuevas matices con la injerencia internacional y el papel diplomático por la muerte de una extranjera. López inició una dura batalla contra los comentarios y alocuciones de externos e internos, entre ellos médicos y otras personas que requerían por un lado su entrega a la justicia para no sacrificar al resto del gremio, para proteger a su familia y para que la Clínica no se viera salpicada por el evento, mientras que por otro lado, existía firmeza personal frente al caso.

En palabras de López en un acto en el que fue condecorado por la Clínica Integral en Quito en el mes de abril, en el que coincidimos, indicó que “no tuvo solidaridad de algunos médicos e incluso algunos siendo amigos se alejaron”.

Su premisa era clara después de la primera sentencia: no dejarse y continuar con la verdad.

Llegó finalmente la detención.

No había porqué esconderse, porque no había razón para hacerlo.

López, cumplió 38 días de prisión y durante ese tiempo hubo presiones y amenazas por no haber aceptado el indulto -no había la posibilidad de aceptar un indulto por algo que no se había cometido-.

Mientras ocurrían todos esos eventos a inicio de este año, el gremio médico, público, privado y de toda clase regional y social, se unió para pedir su liberación, no sólo en redes sociales, comunicados oficiales sino en la calle, solicitando su liberación.

La presión social del gremio médico fue tan importante para la sociedad y para el grupo para darse cuenta que: si le pasó a un médico, le podría pasar a cualquiera. 

Finalmente el sábado 18 de febrero, un día antes de las elecciones de primera vuelta para el sucesor del actual mandatario, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de revisión a su sentencia y fue declarado inocente y liberado.

En el discurso de reconocimiento que le otorgó la Clínica Integral, López mencionó que “los médicos debemos luchar contra la criminalización de la práctica médica y que se debería revisar lo tipificado en el Código Orgánico de Salud sobre el error sanitario, ya que los médicos atienden a los pacientes en centros ambulatorios y hospitalarios, basados en evidencia médica y siempre para beneficiar a sus pacientes”.

El COS (Código Orgánico de Salud) aprobado en primera instancia determina que el “error sanitario” es motivo de prisión.  La palabra error es definitivamente un argumento que puede ser usado en contra de un médico por instancias que no manejan la evidencia médica desde un punto de vista técnico.

El caso Mazoyer tiene muchas aristas en realidad: la disyunción existente entre áreas administrativas y médicas en un hospital, el uso de políticas internas de salud para dar acceso a pacientes a casas de atención privada en emergencias, los tiempos de respuesta frente a emergencias vitales y lo frágil de la atención prehospitalaria en ciudades concentradas como Quito o Guayaquil, la falta de protección de las instituciones de salud a sus propios médicos y la prácticamente ausencia de la misma en las instituciones públicas, la participación de los seguros de salud en sus coberturas, el desconocimiento del personal de cajas y admisión sobre los convenios de las instituciones de salud sobre seguros y prepagas nacionales e internacionales, la politización de un caso médico que debió haber sido manejado de una manera imparcial y no por injerencia política con el extraño sabor de “indulto y perdón antes de elecciones” como se lo manejó y en un plano más médico y personal, la falta de unión de todo el gremio que cuando ocurrió el caso se hizo el de la vista gorda, alejándose de López para no generar comentarios.

Hay gente que dice que Carlos López Ayala fue muy fuerte de carácter y personalidad para afrontar todos estos años el caso y sus repercusiones, pero él de manera humilde dice que quienes fueron realmente fuertes, fueron su esposa y su hija (para quien en su acto de condecoración pidió un aplauso y el auditorio lo hizo por casi dos minutos seguidos).

Venció al sistema, dio una lección de fuerza mediante la unión de todo el gremio médico y abrió los ojos sobre cómo se está manejando y se pretende manejar las leyes de práctica médica en nuestro país.

Anecdóticamente y para no olvidar, el 12 de enero de 2017, cuando López fue  detenido, lo encontraron en su consultorio en el Hospital Carlos Andrade Marín, trabajando con sus pacientes, como todas las tardes desde hace varios años.