Edición Médica

Pedro Aguilar, abogado del HCAM.

Cristina Coello. Quito
El próximo 20 de febrero, la Unidad Judicial de Familia, Mujer Núñez y Adolescencia, finalmente decidirá si procede o no, la compra de un medicamento para la hemofilia. El caso mantiene desabastecida de factor VIII a la farmacia del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) y a los pacientes preocupados por el posible cambio de fármaco.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Pedro Aguilar, abogado del HCAM ha explicado que la acción de protección interpuesta por los pacientes de hemofilia está demorando la adquisición de factor VIII. “Estamos perdiendo el tiempo” y arriesgando la salud de estos pacientes, ha dicho.
 
“En un Estado de derecho, como es Ecuador, se respeta la norma suprema. La Ley orgánica de contratación pública, a cualquier unidad de salud le exige cumplir la ley” y ésta establece una subasta inversa para abastecer de medicamentos a la institución.
 
Por ello, siguiendo “el Plan Anual de Contratación (PAC) se tenía previsto adquirir factor VIII, el cual consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB)”, y cuya última actualización fue publicada en agosto de 2019, ha añadido.
 
Pero la firma del contrato para abastecer de medicamento al hospital no ha sido efectivizada ya que, según los pacientes, el fármaco adjudicado en la subasta es de origen animal y temen que su uso les produzca inhibidores (una de las complicaciones graves de los trastornos de la sangre).
 
No obstante, Aguilar ha asegurado que al comprar el medicamento “estamos garantizando el derecho a la salud de los pacientes”. 

El representante legal del hospital ha detallado que el HCAM ha seguido correctamente el proceso de compras establecido en la ley y controlado por el Servicio de Compras Públicas (SERCOP).
 
“Lanzado el proceso, participaron dos empresas pero una de ellas se hace a un lado y no participa en la puja. ¿Era motivo para echar el proceso? No, porque la ley señala con precisión que al existir una sola oferta en subasta inversa, entonces va a negociación y adjudicación, que en este caso se dio el 30 de enero. Esto es un acto administrativo que genera derechos y obligaciones”, ha enfatizado el bogado.
 
Además, ha advertido que al no cumplir la adjudicación se generan  mayores problemas “al Estado, al paciente y a la institución, que nos deja en indefensión” porque la empresa ganadora puede presentar otra acción legal.
 
“Me queda la duda de por qué la otra empresa no participó y luego los pacientes, a través de una acción de protección, quieren que se compre el medicamento de una marca específica”, ha cuestionado Aguilar.
 
“Lo que el HCAM está comprando está en el CNMB. No habría porqué tener temor. Alguien está detrás de esto y espero que la justicia lo logre determinar. Esta acción de protección no cabe porque no se ha violentado un derecho constitucional. Solo quieren que se eche abajo el proceso y se compre directamente”, ha añadido.
 
Según Aguilar, “hay 33 pacientes que se llevan el 15 por ciento del presupuesto del HCAM. Es decir, hay prioridad para un grupo selecto y no importa que la mayoría sufra las consecuencias. Un millón de dólares para el HCAM representa la atención de 200.000 menores en el año”, ha insistido.
 
El abogado de los pacientes
 
Por su parte, Julio César Cueva, abogado de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana (Fundhec) ha considerado que la “historia del desabastecimiento es la típica amenaza de los hospitales para engañar e intimidar a los pacientes. Eso no es cierto”.
 
Para él, el problema no es el proceso sino el medicamento (factor VIII recombinante de origen animal). Ha señalado que “el mismo MSP  ha contraindicando su uso en el Ecuador. Están comprando algo que no se puede comprar”, ha insistido.
 
Cueva ha insistido en que el fármaco de origen animal deriva en la producción de inhibidores y que en la Guía de práctica clínica para la hemofilia, elaborada por el MSP, se especifica que el tratamiento es con factor VIII de origen humano.
 
“Ellos tienen otras formas de conseguirlo, como la compra directa, no es que no pueden. El desabastecimiento lo hacen a propósito. Lo que busca la función pública es comprar lo más barato”, ha considerado el abogado.
 
Para Cueva, “el paciente no está direccionando hacia una determinada marca, es lo único que hay. Qué culpa tiene el paciente si esa fórmula humana lo trae un solo laboratorio”.
 
“Los pacientes están peleando porque su pobreza no sea la excusa para que les inyecten cualquier cosa, sino que les den lo que ellos tienen derecho constitucional a recibir. La Constitución no dice que se fijen en el precio, sino en la calidad del producto”, ha añadido.
 
El dato
 
En el país se registran 854 pacientes con hemofilia A, B y Von Willebrand, según Fundhec. La enfermedad es considerada rara o huérfana y se caracteriza por la ausencia o disminución de la actividad funcional de los factores de la coagulación VIII y IX.
 
La producción de inhibidores es una de las complicaciones más graves y costosas de los trastornos de la sangre porque el tratamiento de las hemorragias se vuelve menos eficaz.

---