Edición Médica

También denuncian falta de información sanitaria.

Redacción. Quito
Un informe publicado por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (Cepam) ha alertado que el alto nivel de violencia criminal en el país es un obstáculo que se suma a las barreras históricas de acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.
 
“El miedo producto de los altos niveles de criminalidad emerge como una barrera estructural que restringe la movilidad y el acceso efectivo a estos servicios”, señala el estudio ‘El acceso a la salud sexual y reproductiva en contextos de sistemas criminales’, publicado en la pagina web de la organización.
 
Ese obstáculo se suma a otros ya vigentes como la discriminación, falta de información o miedo a la criminalización.
 
Para el informe se ha entrevistado a casi una centena de lideresas comunitarias y a personal médico de zonas en las que se registran altos niveles de inseguridad, en el sur y noroeste de Guayaquil, como Monte Sinaí, Socio Vivienda, Bastión Popular, Guasmo Sur, Isla Trinitaria o Trinipuerto, para conocer esa “realidad invisibilizada”.
 
Guayaquil es la ciudad con el mayor número de delitos en el país, y en 2025 registró 2.569 asesinatos de los casi 9.300 que marcaron un récord a nivel nacional.
 
Ese año también fue el más violento para las mujeres, pues hubo 411 víctimas de feminicidio, y al menos 256 casos estuvieron relacionados con sistemas criminales, de acuerdo a cifras de organizaciones feministas.
 
Según el informe de Cepam, el 96,3 por ciento de las lideresas encuestadas señaló que la criminalidad afecta el acceso a estos servicios, que pueden ir desde consultas ginecológicas, de acceso a anticonceptivos o relacionadas con el embarazo, ya que las mujeres “prefieren no salir de sus casas” por temor a ser víctimas de los grupos criminales en el camino a los establecimientos médicos públicos.
 
En una entrevista a la agencia EFE, Consuelo Bowen, gestora de incidencia política del Cepam señaló que “un 61 por ciento de las lideresas habla de que la violencia criminal está presente en los centros de salud”.
 
Según la gestora, esa situación tiene una afectación “emocional y psicológica a las mujeres que no pueden desplazarse de sus hogares”, quienes tienden a automedicarse o a pedir ayuda a personas inexpertas, y también deriva en la interrupción de controles médicos, reducción del acceso a métodos anticonceptivos y aumento de embarazos no deseados.
 
Si estas mujeres alcanzan a llegar a los centros, se encuentran con personal médico que también tiene miedo de atenderlas por amenazas que reciben de grupos criminales, han asegurado las líderes.
 
En atenciones por aborto, según detalla el informe, las “situaciones de control y vigilancia extrema sobre las mujeres, como exigencias de esposos privados de libertad para presenciar consultas mediante videollamadas”.
 
Bowen ha señalado que decidieron hacer este estudio después de que al Cepam llegaron víctimas de violencia sexual por parte de integrantes de grupos criminales en busca de apoyo psicológico y tras conocer que el personal de salud no estaba denunciando estos casos por miedo a represalias.
 
La especialista ha adelantado que están analizando llevar los resultados del informe a instancias internacionales de derechos humanos como el Comité de la CEDAW o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “visibilizar lo que está ocurriendo en Ecuador”.
 
“Este es un ejemplo de lo que significa la criminalidad en la vida de la ciudadanía. Hay un empeoramiento en la calidad de vida de las mujeres”, ha concluido la experta.

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