Edición Médica

Votación del Pleno de la Asamblea.

Redacción. Quito
Con 78 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea ha decidido archivar, en segundo debate, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células por presentar inconsistencias jurídicas, contravenir principios de técnica legislativa y coexistir con disposiciones ya establecidas en la normativa vigente.
 
El asambleísta Anthony Becerra, al sustentar el informe elaborado por la Comisión de Salud, ha explicado que el proyecto resulta inconstitucional, dado que vulnera la reserva de iniciativa en materia de gasto público establecida en el artículo 135 de la Constitución, tal como lo ratificó la Corte Constitucional en la sentencia No. 72-24-IN/25.
 
Asimismo, ha precisado que la propuesta introduce obligaciones permanentes de alto costo sin identificar fuentes claras de financiamiento ni contar con dictamen del ente rector. También incurre en duplicidad normativa al repetir disposiciones ya contempladas en leyes vigentes, lo que genera redundancia e incoherencias jurídicas.
 
Además, ha precisado que el articulado no establece mecanismos concretos para la lucha contra el tráfico de órganos, lo que demuestra una falta de correspondencia entre la finalidad declarada y el contenido. Es decir, “carece de conexión teleológica”.
 
Según lo informado, la iniciativa también plantea la creación de un certificado oficial de identificación de donantes y receptores, medida que, según el Ministerio de Salud Pública, es innecesaria, ya que por ley los ecuatorianos mayores de 18 años son donantes al fallecer, salvo manifestación expresa en contrario.
 
De igual forma, ha cuestionado la propuesta de implementar un Registro Nacional de Donantes y Receptores, al señalar que ya existe el Sinidot, que contiene datos de pacientes en lista de espera, personas trasplantadas, establecimientos acreditados y profesionales habilitados, garantizando transparencia e interoperabilidad.  Entonces, crear un registro adicional sería redundante y supondría un gasto innecesario, ha enfatizado.
 
“Decir no a un proyecto de reformas no significa dar la espalda a una causa. Significa tener la valentía de exigir soluciones responsables y sostenibles, que no solo se aprueben en el papel, sino que se apliquen en la práctica para beneficio real de la ciudadanía”, ha concluido el asambleísta.
 
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, ha señalado que, tras un análisis técnico, jurídico y presupuestario, se ha determinado que el proyecto no aporta novedades, genera duplicidades legales e impone obligaciones al Estado ya contempladas en la legislación actual.
 
Ha agregado que los aspectos cuestionados, como el Registro Nacional de Donantes, la certificación en el sistema de cedulación y la trazabilidad de órganos, ya están regulados en la Ley de Trasplantes y en el trabajo conjunto con la Red Pública de Salud y el Registro Civil.
 
Reyes ha subrayado que la propuesta no mejora los mecanismos existentes, sino que los repite. Tampoco guarda coherencia con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en lo referente a las sanciones contra quienes intermedien o comercien con órganos, tejidos, fluidos o células.

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