Edición Médica

En el centro David López, vicepresidente de la ASEMP (Foto Facebook)

Redacción. Quito
David López, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (ASEMP) ha hecho pública la presentación de la una Acción de Inconstitucionalidad al acuerdo ministerial 00026-2025 emitido por el Ministerio de Salud Pública que excluye a 3.900 médicos del modelo de residencias remuneradas.
 
En una rueda de prensa, López ha insistido en que a pesar de llevar por años “una lucha” para que sea reconocida su labor como trabajadores en el sistema nacional de salud siguen siendo la “mano de obra gratuita” y se benefician las instituciones de salud pública.
 
“El Sistema de Salud sin los posgradistas se cae, porque somos nosotros los que atendemos. Este Sistema, con importantes brechas de especialistas, funciona gracias a los médicos posgradistas, quienes, si no estuvieran trabajando, probablemente se entregaría turnos a los pacientes para un año. No estamos luchando por recibir plata, sino por ser reconocidos como trabajadores del sistema nacional de salud”, ha reclamado.
 
El dirigente gremial ha recordado que los posgradistas cumplen sin sueldo 250 horas laborales mientras un trabajador público llega a las 160 con beneficios de ley y permisos, pero este grupo de médicos “no puede ni enfermarse porque le descuentan esas horas y se entorpece su rotación” al no completar las horas a pesar de cumplir sus responsabilidades con pacientes.
 
“Solo pedimos que se reconozca una remuneración para seguir aguantando esa explotación”, ha insistido y ha reprochado que las autoridades han “normalizado la explotación a los médicos posgradistas.
 
Según López, las reuniones con los diferentes ministros de Salud no han concluido con acuerdo razonables e incluso ha alertado que los estipendios ofrecidos “solo serán para las especialidades que se consideren pertinentes o importantes para el sistema de salud, es decir que no todos los médicos posgradistas serán beneficiados”.
 
Por ello han impugnado legalmente el acuerdo que para ellos establece condiciones discriminatorias para los médicos posgradistas que trabajan en hospitales públicos y privados sin percibir una remuneración por su labor.
 
Cabe recordar que el acuerdo 0026-2025 fue suscrito el 7 septiembre por el exministro Jimmy Martin, actual asesor uno de la vicepresidenta María José Pinto, encargada actual del Ministerio de Salud Pública.
 
Los puntos de la Acción Pública
 
Los abogados de ASEMP han señalado que este acuerdo, aunque representa un avance importante, excluye injustificadamente a cientos de médicos posgradistas que ya se encuentran realizando su especialización.
 
Con ello les niegan el “derecho a recibir el estipendio y los beneficios que sí se reconocen a quienes ingresen a partir de la vigencia del acuerdo”.
 
Por ello, impugnan la exclusión de los posgradistas en curso del régimen de estipendio; la falta de un régimen transitorio que garantice igualdad y seguridad jurídica; la regla regresiva de “1 x 1” que obliga a devolver el tiempo del estipendio sin reconocer el trabajo ya realizado durante la especialización; y, el desconocimiento de la verdadera naturaleza laboral del trabajo que realizan los posgradistas dentro del Sistema Nacional de Salud.
 
El grupo legal ha pedido que la Corte Constitucional “actúe con urgencia y que los derechos de todo este grupo de profesionales finalmente sean reconocidos”.

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