Edición Médica

Pronunciamiento público de la Comunidad Estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional.

Redacción. Quito
Tras el anuncio del Gobierno de implementar el sistema de gestión en salud “Dedalus”, la Comunidad Estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se ha pronunciado públicamente alertando que se van a invertir “240 millones para un sistema que el mercado ni siquiera evalúa”.
 
“Hay una frase del anuncio presidencial que conviene revisar antes que ninguna otra, porque de ella cuelga todo lo demás. Se dijo que el Ecuador incorpora "el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo". Es una afirmación fuerte y, por lo tanto, verificable. La verificamos”, ha mencionado a través de un comunicado.
 
En este contexto, ha alertado que “el proveedor no aparece donde debería aparecer”, es decir, que Dedalus no figura en ninguno de los cuatro cuadrantes de Gartner para historia clínica electrónica empresarial. Al contrario, los proveedores evaluados son seis: Epic, MEDITECH, InterSystems, Oracle Health, Altera Digital Health y ezCaretech.
 
Esta ausencia no convierte a Dedalus en una empresa irrelevante, de hecho, es uno de los mayores proveedores europeos del sector, ha aclarado. Sin embargo, “si el proveedor no está entre los seis que el principal analista del mundo consideró para evaluar, nadie puede sostener con seriedad que es "el más avanzado del mundo". Entonces, esa frase del Presidente Daniel Noboa es para justificar un desembolso de 240,26 millones de dólares y no tiene sustento alguno.
 
Asimismo, la comunidad estudiantil ha señalado que la meta de alcanzar “1.742 centros de salud interconectados” es contractual, ya que el plazo de ejecución es de 2.649 días y llega hasta 2033.
 
Sobre el "inventario y control estricto de las medicinas", ha indicado que se trata de un sistema de información que registra el faltante, es decir, no compra fármacos ni paga a proveedores.
 
Además, ha considerado que ya fracasó otro intento de interconectar al sistema público de salud cuando se buscó contratar a HealthBird. Por lo que, es importante considerar varias aristas en este nuevo anuncio gubernamental.
 
Para los estudiantes de la EPN, otro aspecto que llama la atención es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no contrató a Dedalus, sino invitó a un solo oferente: la empresa pública CNT que subcontrata a la italiana.
 
De esta manera, la propuesta de Dedalus por el software, de aproximadamente 117 millones de dólares más IVA, pasó a 240 millones cuando CNT entregó al MSP. Esto significa una diferencia de 123 millones, es decir, un incremento del 105 por ciento por infraestructura, conectividad e integración, en un país donde la propia CNT ya es dueña de la red.
 
Por lo tanto, ha enfatizado que este rubro necesita un desglose partida por partida, y hasta ahora nadie lo ha entregado.
 
Adicional, otro punto de alarma es que “el contrato se firmó sin las garantías de siempre… Cualquier de nosotros que haya firmado un contrato con una entidad pública sabe que sin garantía de fiel cumplimiento no se mueve un solo metro cúbico. Aquí se comprometieron 240 millones de dólares y siete años de la información clínica del país sin ese respaldo. Si el proveedor incumple, el Estado no tiene de dónde agarrarse”.
 
Según este pronunciamiento público, registros de la Superintendencia de Compañías muestran que Dedalus Global Services Ecuador S.A., constituida en Quito con un capital de 800 dólares, entró en proceso de disolución el 13 de marzo de 2026. Por lo que, se desconoce si se realizó un análisis de riesgo y un plan de contingencia antes de contratar servicios en la nube, precisamente ante la eventual salida del proveedor del mercado.
 
Además, “hay un antecedente que ninguna autoridad ha mencionado: la filial francesa de esta misma compañía fue sancionada por la autoridad de protección de datos de ese país por una filtración de información médica de pacientes.6”.
 
“Lo que se está entregando no es un software. Queremos ser precisos en esto, porque es lo más grave y es lo que menos se está discutiendo. Bajo un modelo SaaS, la historia clínica de cada ecuatoriano —diagnósticos, exámenes, tratamientos, salud mental, resultados de laboratorio— pasa a residir en una infraestructura operada por un tercero. ¿De quién es ese dato? ¿En qué jurisdicción se aloja? ¿Qué ocurre al terminar el contrato en 2033? ¿Quién responde ante una brecha? Un contrato firmado en ocho días, sin garantías y con una filial en liquidación no ofrece respuesta a ninguna de esas preguntas”.
 
Para concluir, la comunidad estudiantil de la EPN ha sido enfática en señalar que no se oponen a digitalizar la salud pública. “Nos oponemos a que se haga así. El sistema sanitario ecuatoriano necesita interoperabilidad desde hace veinte años y en la Politécnica se han formado generaciones capaces de discutir estos pliegos línea por línea”.
 
Por esta razón, “respaldamos la fiscalización dispuesta por la Asamblea Nacional y exigimos que su informe sea público, documentado y oportuno. El país ya conoce el desenlace de las contrataciones firmadas a la carrera bajo regímenes de excepción: se llamó Progen, la Fiscalía estima el perjuicio en 104,4 millones de dólares y hay 31 personas procesadas por generadores que jamás entregaron un megavatio”.
 
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