Edición Médica

El MSP ha confirmado este lamentable hecho de violencia.

Redacción. Quito.
Un nuevo acto de violencia ha enlutado a la comunidad médica del país, la cual ha empezado a exigir medidas eficaces de seguridad. Este 15 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha confirmado el fallecimiento del médico rural Jandry Alexander Calderón Cedeño, médico rural, y del conductor de una ambulancia institucional, quienes han sido víctimas de un ataque armado en el cantón Jama, provincia de Manabí, mientras trasladaban a un paciente y cumplían sus funciones operativas en territorio.
 
A través de un comunicado oficial, el MSP ha condenado este hecho de violencia y ha manifestado su "profundo pesar y solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas".
 
Asimismo, ha asegurado que brindará toda la información requerida a las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso y coordinará con las instituciones responsables "acciones de protección para el personal sanitario y operativo que cumple sus funciones en territorio".
 
De su parte, el Colegio Médico Provincial del Guayas se ha pronunciado inmediatamente cuestionando duramente la protección que el Estado ofrece a los profesionales que realizan su año de Salud Rural.
 
“Este hecho nos obliga a cuestionar directamente al MSP, ¿quién garantiza la seguridad de los médicos rurales mientras cumplen con su deber de servir a las comunidades? No podemos permitir que este crimen quede en el olvido”, ha increpado Luigi Cedeño, presidente del Colegio, en el comunicado.
 
El gremio ha recordado que no es la primera vez que asesinan a un médico rural. En 2024, Dr. Steven José Aguirre Giler, quien ejercía su año se Salud Rural también fue asesinado y lamentablemente su caso continúa sin respuestas claras y sin que el Estado haya demostrado medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en territorio.
 
En este sentido, ha explicado que “la ruralidad, obligatoria para miles de médicos recién graduados, significa dejar sus hogares y familias para servir en comunidades donde muchas veces enfrentan condiciones precarias, falta de recursos, inseguridad y una remuneración que no corresponde al esfuerzo y responsabilidad que asumen”.
 
“La muerte del Dr. Calderón no puede entenderse como un hecho aislado. Es el reflejo de una política de salud rural abandonada y, en consecuencia, del abandono de la salud pública del Ecuador. Exigimos al Estado justicia, respuestas y acciones concretas para proteger a nuestros médicos rurales. Quienes son enviados a cuidar la salud de los ecuatorianos también tienen derecho a que el Estado cuide de ellos”, ha concluido Cedeño.

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