Edición Médica

Representantes del MSP recibiendo los aportes.

Redacción. Quito
Representantes de asociaciones de pacientes, fundaciones, sociedades científicas, universidades, instituciones públicas y privadas han entregado a las autoridades gubernamentales, sus aportes técnicos al Reglamento General a la Ley de Cáncer.

Los pacientes han acudido al Ministerio de Salud Pública (MSP), a la Secretaria Jurídica de la Presidencia y al Conasa, un documento elaborado en conjunto por más de 110 organizaciones en un encuentro nacional realizando en Quito.

Su objetivo es fortalecer la adecuada implementación de esta ley y garantizar una atención oportuna, integral y de calidad para las personas con cáncer.

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Según lo informado, los aportes construidos pretenden consolidar un reglamento que coloque al paciente en el centro de las decisiones; eliminar barreras de acceso; establecer una ruta de atención integral, obligatoria y articulada entre la Red Pública Integral de Salud y la red complementaria; priorizar que las personas reciban atención lo más cerca posible de su lugar de residencia, activando los mecanismos necesarios cuando existan limitaciones en especialistas, medicamentos, estudios diagnósticos o capacidad hospitalaria.

Implementar a tiempo este reglamento permitirá fortalecer acciones de promoción de la salud, prevención, tamizaje y diagnóstico oportuno, además de establecer plazos máximos de atención y garantizando la continuidad de los tratamientos, el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, cuidados paliativos, rehabilitación, atención en salud mental y acompañamiento para las familias.

Además, las propuestas incluyen medidas de protección laboral para pacientes y cuidadores, incluyendo estabilidad reforzada, permisos, modalidades de teletrabajo, horarios flexibles y procesos de reincorporación progresiva al trabajo.

En el ámbito social, plantea mecanismos de apoyo para personas en condición de doble vulnerabilidad mediante acceso a transporte, alojamiento, alimentación, acompañamiento y redes comunitarias.

Entre los aportes además hay criterios para el fortalecimiento del registro nacional de cáncer, la transparencia en la gestión, el monitoreo del abastecimiento de medicamentos, mecanismos ágiles para la presentación y resolución de reclamos, y la participación activa de la sociedad civil en el seguimiento de la implementación de la normativa.

Para las organizaciones, este reglamento representa una oportunidad para convertir la atención integral del cáncer en una verdadera política pública, orientada a proteger la vida, la dignidad, el trabajo, la familia y el bienestar de quienes viven con esta enfermedad.

En este sentido, la sociedad civil reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con las autoridades para que el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica Integral del Cáncer responda a las necesidades reales de los pacientes y contribuya a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud en el Ecuador.

Su finalidad es agilizar la elaboración de este marco regulatorio para garantizar el financiamiento y el acceso oportuno a medicamentos, en medio de críticas generalizadas por la crisis y la corrupción en la  salud pública.

Representantes de pacientes frente a la Plataforma Gubernamental.