Edición Médica

Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

Redacción. Quito
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional ha recibido el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para Fortalecer la Educación, el Desarrollo y las Oportunidades de los Jóvenes, presentado por la asambleísta María Paula Villacreses y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
 
De esta manera iniciará su tratamiento y, de ser el caso, proceder a su unificación con otras iniciativas de la misma materia.
 
La reforma responde a las actuales exigencias de la educación superior y del mercado laboral, ya que muchas carreras requieren alrededor de cinco años de formación y que contar con un título de tercer nivel constituye un factor cada vez más importante para acceder a oportunidades de empleo, ha explicado la legisladora.
 
Por esta razón, ha considerado necesario adaptar la normativa a las condiciones actuales de los jóvenes y facilitar la culminación de sus procesos de formación profesional.
 
Villacreses ha comentado que la iniciativa se gestó a partir del caso de una joven que estudiaba medicina y consideraba abandonar su carrera debido a la falta de recursos económicos, luego de que su padre dejara de apoyarla.
 
Ante esta situación, la reforma plantea modificar el artículo 125 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para ampliar de 18 a 24 años el derecho a recibir pensiones alimenticias, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
 
Para esto, las personas dentro de este rango de edad deberán demostrar que cursan estudios y que esta actividad les impide o dificulta dedicarse a una actividad productiva y que carecen de recursos propios y suficientes para su sostenimiento.
 
A criterio de la asambleísta, este proyecto de ley también busca contribuir a reducir la deserción universitaria asociada, entre otros factores, a dificultades económicas, familiares, personales y académicas.
 
En este contexto, ha advertido que la falta de recursos puede obligar a los estudiantes a interrumpir sus carreras y truncar sus proyectos de vida. Por lo que ampliar la protección hasta los 24 años permitiría fortalecer su permanencia en el sistema de educación superior.

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