Edición Médica

Germán Rodas Chávez, coordinador de la CNA.

Redacción. Quito
Amparado en normas Constitucionales y Legales, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) ha solicitado al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) copias certificadas de los contratos interinstitucionales con la empresa Dedalus, con la finalidad de realizar contraloría social.
 
A través de oficios dirigidos al ministro de Salud y al gerente general de CNT, ha solicitado que se les proporcionen varios documentos en formato digital y de manera integral.
 
“Al tratarse de un proyecto para fortalecer la atención de la salud pública, financiado con recursos económicos de todos los ecuatorianos, la información solicitada sobre este tema (como lo hicimos a usted el 31 de julio de este año) se halla configurada en atención a que el país debe tener pleno conocimiento del uso de sus recursos”, ha sostenido.
 
Al MSP, le ha pedido la copia completa del Contrato Principal bajo la modalidad de Régimen Especial por un valor aproximado de 240,2 millones de dólares, adjudicado el pasado 9 de septiembre del 2026 a favor de CNT, que tiene el objetivo de implementar la plataforma tecnológica para la historia clínica electrónica unificada y el agendamiento de citas médicas a nivel nacional.
 
Asimismo, han demandado la copia de los informes técnicos, económicos y de viabilidad que han sustentado esta adjudicación.
 
En cambio, a CNT le ha pedido la copia completa del Contrato de Subcontratación, Alianza Estratégica o Convenio Tecnológico suscrito entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la empresa privada Dedalus (o su filial/consorcio respectivo).
 
También ha requerido los Términos de Referencia (TDR), anexos técnicos de selección, estudios financieros y cronogramas de ejecución que son parte integral del acuerdo con Dedalus.
 
A ambas instituciones les ha precisado que, en caso de que se denegara el acceso a la información solicitada bajo el argumento de confidencialidad, se envié la motivación administrativa de declaración de reserva sobre la adquisición de un software hospitalario que ha sido financiado con recursos económicos de todos los ecuatorianos.

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