Edición Médica

Víctor Manuel Pacheco, presidente de la Comisión Nacional de Bioética en Salud.

Redacción. Quito
Ante el inicio del proceso de vacunación contra la CoVID19 en el país, la Comisión Nacional de Bioética en Salud ha exhorta al Estado que en la gestión del plan de inmunización se dé predominio al bien común sobre el bienestar individual, y que haga público el plan de vacunación.
 
A través de un pronunciamiento, ha reclamado que los planes para la distribución prioritaria de la vacuna sean claros y comprensibles, que en ellos predomine el bien común sobre el personal o familiar y no existan vestigios de conflictos de intereses aparentes o potenciales, individuales o institucionales, y que además se comuniquen oportuna y públicamente tanto a la población general como a las veedurías ciudadanas de control social.
 
Además, ha demandado que la planificación, proceso y gestión de la de vacunación obedezca a la mejor valoración posible de la relación costo/beneficio, al principio de no lucratividad, al de máximo beneficio para la mayoría, y al de igualdad de oportunidades en similares condiciones, con ausencia de conflictos de intereses.
 
La Comisión ha señalado que el actuar ético debe ser parte integral de la gestión y manejo del proceso de inmunización y que, dentro de sus competencias, las autoridades sanitarias y decisores políticos serán los llamados a tomar resoluciones de alto estrés moral, político y económico, entre ellas la adquisición, distribución, administración y selección y priorización de quienes recibirán la vacuna, y otras medidas dirigidas a la mitigación de los efectos provocados por la CoVID19.
 
Ha alertado que debido al debilitamiento de los valores básicos de solidaridad, equidad, reciprocidad y justicia social entre países, los suministros de vacunas al país serán inicialmente limitados y tomarán tiempo no previsible, con riesgo de ahondar las inequidades existentes, con impacto desproporcionado en comunidades marginadas y discriminadas. Lo que obligará a los gestores políticos a tomar decisiones en relación a su distribución y priorización.
 
En este sentido, ha indicado que el principio regente en el proceso de inmunización debe ser el “evitar el contagio de COVID 19 en el mayor número de personas y disminuir al menor número posible los fallecimientos por su causa”.


Ha señalado como deber del Estado la aspiración a la vacunación universal y al acceso oportuno de quienes habitamos en el país. Para lo cual ha propuesto criterios de priorización para la administración de la inmunización:
 
La protección a las personas con mayor riesgo de contagio y de enfermedad grave o de muerte, por factores ocupacionales, académicos, biológicos o sociales.

Garantizar la no maleficencia, beneficios y justicia para quienes tienen mayor carga por la CoVID19: personal sanitario, de servicios esenciales, de seguridad pública.

La defensa del personal que realiza otras funciones críticas, entendidas como labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la sociedad.

El amparo a las personas que con amenaza similar de contagio tengan riesgo mayor de enfermedad grave o muerte, determinado por razones médicas o situaciones de vulnerabilidad social.

Que en un grupo de igual prioridad todos tengan la misma oportunidad, y que en ellos se prioricen a quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

La identificación, fundamentada en la mejor evidencia científica, de la población no elegible, y las opciones de protección e inmunización que se adoptarán en ellas.

La Comisión ha puntualizado que si bien la vacunación es la acción sanitaria de mayor efectividad probada para el control epidemiológico de la pandemia, no es la única que debe adoptarse y no logrará una respuesta inmediata; y que la mitigación de los efectos adversos sobre la estructura social y la economía requieren también de otras medidas políticas y económicas excepcionales cuya fundamentación debe ser la solidaridad y la búsqueda de la justicia y equidad.

---