Edición Médica

Dra. Nathaly Stacey, de Ds Legal Group.

La violencia obstétrica se refiere a prácticas y conductas en las que incurre el personal de salud hacia mujeres en las distintas etapas de su vida, principalmente en el embarazo, parto y postparto. Este tipo de violencia puede incluir acciones, omisiones, tratos deshumanizados, falta de respeto a la autonomía de la mujer y prácticas médicas invasivas o innecesarias que causan daño físico, emocional o psicológico.
 
En el año 2023, la FLACSO publicó un estudio liderado por la Lic. Mónica Ledesma sobre esta temática en el país, en el cual se considera que la violencia obstétrica en gran parte “ha sido invisibilizada o normalizada por parte del personal y las pacientes”. Tanto así que muchas desconocen que fueron víctimas. En este mismo estudio se determinan cuáles son los tipos de violencia obstétrica que con mayor frecuencia se presentan en el país, y así podemos enumerar: negligencia, violencia verbal, abuso del tacto y falta de acompañamiento durante el parto. Esto coincide con informes de otros países donde se detallan que los tipos más frecuentes de violencia obstétrica están también relacionados con abuso verbal y falta de obtención del consentimiento de la paciente para realizar actos tales como tactos vaginales, episiotomías e incluso cesáreas.
 
En este último punto, según el mismo estudio, se explica que en Ecuador la tasa de cesáreas innecesarias es alta, llegando a 575 por cada 1.000 nacimientos, y que se ha gastado aproximadamente 200 millones de dólares en estas intervenciones sin justificación. Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS; 2015) declaró que la tasa ideal de cesáreas debe estar entre el 10 por ciento y el 15 por ciento, y que estas deben llevarse a cabo con el objetivo de cuidar la vida materna y neonatal. Por lo tanto, la violencia obstétrica no solo afecta el ámbito psicológico de las mujeres, sino también económicamente al estado.
 
Pero ¿es realmente la violencia obstétrica algo tan frecuente en el mundo y en el Ecuador?
 
Según datos de la OMS, tras un estudio realizado en 4 países africanos de bajos recursos, se pudo ver que aproximadamente un tercio de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia obstétrica, de las cuales el 14 por ciento vivió actos tan extremos como bofetadas, puñetes u otra clase de golpes durante el trabajo de parto.
 
En Ecuador, sorprendentemente, el panorama no es muy diferente.
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 48 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado por lo menos un hecho de violencia gineco-obstétrica en su vida, a escala nacional. La cifra es mayor en mujeres indígenas, llegando a un sorprendente 70 de cada 100.
 
Es debido a esto que actualmente se lucha por dar visibilidad a un problema que ha permanecido silencioso por demasiado tiempo, tanto así que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso del término “violencia obstétrica” por primera vez en el año 2023 en el caso Brítez Arce vs. Argentina. Cuyo resultado fue que la corte ordenara al estado argentino realizar campañas y políticas que visibilicen y cambien la problemática. Recalcando la importancia de que el estado intervenga y busque luchar contra la problemática, observaciones que también emitió la OMS.
 
Es por todas estas razones que, en Ecuador, el 6 de febrero del presente año se aprueba y autoriza la publicación del “Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia Gineco-Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud”.
 
Dentro de este acuerdo, el MSP coloca en su introducción que:
“En Ecuador, la percepción de los profesionales de salud sobre violencia obstétrica, evidencia que conocen sobre la existencia de una normativa legal y técnica sobre violencia hacia la mujer que aborda también la violencia obstétrica, sin embargo, no han profundizado sobre su significado y las implicaciones para las prestaciones de salud. Por otro lado, los profesionales expresaron que han sido testigos de situaciones en las que se ha ejercido violencia obstétrica”.
 
Dentro de este acuerdo ministerial se detallan las distintas formas de violencia obstétrica que se pueden producir desde lo verbal, pasando por lo psicológico, sexual, actos discriminatorios y negligentes hasta llegar a lo físico, e inclusive responsabilidades del estado frente a la problemática, y se emiten una serie de recomendaciones a aplicar en diversas situaciones o peculiaridades de casos clínicos específicos como podrían ser las distintas etapas del parto, cesáreas, abortos, mujeres adolescentes, mujeres con VIH, con discapacidad, migrantes o pertenecientes a grupos LGBTIQ+.
 
La correcta aplicación de estas recomendaciones busca disminuir las consecuencias físicas y psicológicas que se han visto relacionadas con este tipo de violencia, como son las alteraciones de la lactancia, incidencia de complicaciones tras episiotomías en casos en los que no era necesario realizarlas, aumento del número de días de incapacidad debido a cesáreas no justificadas, aumento de las tasas de depresión posparto, síndrome de estrés postraumático y ansiedad.
 
En pleno siglo XXI, donde los derechos de las mujeres siguen siendo un tema que necesita desarrollo y del cual aún se discute, es fundamental que este tipo de manuales sean correctamente socializados en todo el territorio ecuatoriano, en todo nivel de atención y con todo personal de salud, ya que la violencia obstétrica no es algo exclusivo del ambiente hospitalario, ni de médicos, pero sí es algo a lo que se encuentran expuestas todas las mujeres y con mucha mayor frecuencia aquellas que provienen de los estratos más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad.
 
En caso de dudas sobre la aplicación del Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia Gineco-Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, desde DSLEGAL GROUP estaremos gustosos de asesorarlos como despacho jurídico especialista en derecho médico a nivel nacional al teléfono de contacto 04 5150 715.