COMISIÓN DE SALUD
Proponen precisar las competencias instituciones en la Ley de Salud Sexual Integral
Se avanza en la construcción de esta normativa unificada.
Comisión de Salud.
|
Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional continua el análisis del Proyecto de Ley de Salud Sexual Integral, Formación y Protección durante la Vida, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, en trámite para segundo debate.
La mesa legislativa continuará recibiendo aportes técnicos e institucionales con el propósito de consolidar un texto legal que garantice la protección integral de los derechos sexuales y reproductivos de la población y fortalezca el marco normativo en beneficio del país.
En esta ocasión ha recibido las observaciones presentadas por la asambleísta Ana
Cecilia Herrera Gómez y la delegada del
Ministerio de Desarrollo Humano.
Herrera ha explicado que su propuesta ha sido construida de manera participativa con organizaciones y profesionales especializados en salud mental, infancia y adolescencia.
A su criterio el proyecto responde a problemáticas como el
embarazo en niñas y adolescentes, las brechas en el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y la necesidad de garantizar el ejercicio de estos derechos conforme a la Constitución y los compromisos internacionales del Ecuador.
En este sentido, la legisladora ha destacado que la iniciativa establece un marco jurídico integral para
promover la educación, la prevención, el acceso oportuno a servicios de salud y la protección de los derechos sexuales y reproductivos durante todas las etapas de la vida, bajo un enfoque de derechos humanos, igualdad, no discriminación y atención prioritaria a los grupos vulnerables.
Además, ha enfatizado que
la unificación de ambos proyectos permitirá consolidar una normativa con principios bioéticos, seguridad jurídica y una mayor articulación interinstitucional para la implementación de políticas públicas.
De su parte, Lissette Robles Riera, subsecretaria de Protección Especial y delegada del Ministerio de Desarrollo Humano, ha señalado que, aunque la rectoría de la salud sexual y reproductiva corresponde al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación, el proyecto incorpora disposiciones vinculadas con las competencias de esa cartera de Estado en materia de
prevención, fortalecimiento familiar, desarrollo infantil y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Por ello, ha expuesto las acciones que ejecuta el Ministerio en el marco de la Política Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2026-2035, entre ellas el fortalecimiento de rutas de protección, la articulación interinstitucional, la revisión de protocolos y la participación en la construcción de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva.
Como observación técnica, ha propuesto
precisar el artículo 2 del proyecto para delimitar con mayor claridad las competencias de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, con el fin de fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de su aplicación.