Edición Médica

Sesión del COE Nacional.

Redacción. Quito
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ha cambiado de amarilla a naranja el nivel de alerta en 17 provincias del país, tras confirmarse que la temperatura del océano Pacífico superó los valores normales.
 
La medida no implica aún una declaratoria oficial del fenómeno ni un pronóstico certero sobre el inicio de las lluvias intensas. Las provincias bajo alerta naranja son: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. En total, la medida alcanza a 143 cantones y 491 parroquias.
 
En ese sentido, el COE aprobó tres resoluciones de aplicación inmediata: la ejecución del Plan de Acción Nacional ante el evento El Niño como prioridad nacional; la emisión de reportes quincenales por parte del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen); y el diseño de una estrategia de comunicación pública coordinada entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Secretaría General de Comunicación.
 
Roberto Luque, presidente del COE Nacional y ministro de Infraestructura y Transporte, ha señalado que las condiciones oceanográficas para el desarrollo del fenómeno ya están dadas, a partir del calentamiento anómalo del océano Pacífico. No obstante, aclaró que la interacción océano-atmósfera aún debe evolucionar y que los organismos técnicos no disponen de certeza suficiente para fijar una fecha de inicio del período de lluvias intensas.
 
Proyecciones internacionales ubican posibles impactos entre noviembre y diciembre de 2026, aunque las autoridades consideraron prematuro asumir ese escenario como definitivo.
 
Luque ha detallado que el Gobierno destinó cerca de 600 millones de dólares en inversiones de distintos ministerios orientadas a infraestructura, mantenimiento y adquisición de equipamiento preventivo. Advirtió, además, que previo a una eventual temporada de precipitaciones severas ya se registran efectos asociados al calentamiento oceánico, como alteraciones en la pesca, cambios en el comportamiento de aves y riesgo de sequías e incendios forestales en la Amazonía.
 
Por otro lado, el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, ha participado en la reunión pero no oficializó aún ninguna acción por parte de su cartera frente a las consecuencias sanitarias del fenómeno climático.
 
Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, informó que, de los 246 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) convocados, únicamente 161 presentaron sus planes de acción en el plazo establecido (que venció el 22 de junio) y que 46 de ellos fueron devueltos para correcciones tras detectarse observaciones técnicas.
 
La secretaria ha anunciado que equipos técnicos brindarán acompañamiento en territorio para subsanar las deficiencias, y recordó que los municipios y prefecturas constituyen el primer nivel de respuesta ante emergencias, con responsabilidades que incluyen el desazolve de ríos, el mantenimiento de alcantarillado y la limpieza de sistemas de aguas lluvias.
 
Por otro lado, ha elevado una consulta a la Procuraduría General del Estado para determinar la viabilidad de aplicar sanciones a las administraciones a los GAD que incumplieron la disposición, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
 

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