Edición Médica

Comparecencia de la ministra en la Comisión.

Redacción. Quito
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ha resuelto mantener abierto el proceso de fiscalización a la ministra de Salud, Ximena Garzón, hasta que se complete la información relacionada a la entrega de nombramientos al personal que atendió la pandemia en primera línea.
 
Los legisladores aducen que la ministra ha incumplido del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario pero la funcionaria ha insistido que durante su gestión ya se han entregado 3.220 nombramientos y que durante octubre se entregarán otros 1.000 a personal sanitario.
 
Según ha expuesto en su segunda comparecencia, Garzón aseguró que esas contrataciones le representan al ministerio una inversión de 64’316.021 dólares por periodo fiscal.
 
También ha detallado que como consolidado a nivel nacional, el Ministerio de Salud (MSP) tiene registrado un total de 13.942 ganadores de concurso en las 9 zonas.
 
Tras la exposición, los legisladores han resuelto mantener abierto el proceso de fiscalización en contra de la ministra hasta que se entregue la información completa, luego de que concluyan los procesos de nombramientos y el análisis de presuntos despidos a personal sanitario.
 
El grupo legislativo ha solicitado al MSP enviar, cada 15 días durante dos meses, la información requerida para analizarla “con el objetivo es proteger a los profesionales que trabajaron en primera línea de acción en la pandemia”, señala la resolución aprobada.

Distribución de partidas.

 
Otro proceso
 
Respecto al incumplimiento de pago a la organización de la economía popular y solidaria Asotexorense de la provincia de El Oro, la ministra ha asegurado a los legisladores que no existe un documento que estipule un objeto contractual, ni obligaciones de las partes, por tanto, se trata de un procedimiento de compra al margen de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y resoluciones del Sercop (Servicio de Compras Públicas).
 
Según el informe técnico no se respetaron los procedimientos legales y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 226 de la Constitución, por lo que el caso será remitido a Contraloría General del Estado para que sea auditado, a fin de no tener responsabilidad por acción u omisión y determinar la responsabilidad, ha explicado Garzón.
 
Y en ese sentido, la mesa legislativa ha resuelto archivar el caso de la empresa Asotexorense, ya que el tema pasó a ser investigado por la Contraloría.

---