Edición Médica

Audiencia de vinculación de cargos.

Redacción. Quito
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha cumplido la disposición del juez Vladimir Jhaya, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que le ordenó presentarse cuatro veces a la semana mientras dura el proceso por posible peculado que se sigue contra él y 13 personas más.
 
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha vinculado a Yunda como “presunto autor mediato” y a otras seis personas como “presuntos coautores a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19”.
 
Jhaya también ha ordenado la prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico de vigilancia para el alcalde.
 
Por otra parte, el juez también dispuso prisión preventiva para Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito y la presentación periódica, uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país para Linda Guamán, coordinadora técnica de esa institución.
 
Todos los procesados tienen inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares.
 
Según la Fiscalía, la idea de pedir prisión preventiva en contra los funcionarios son para “garantizar su comparecencia en el proceso”.
 
Todos han sido implicados en la negociación de las pruebas para la COVID-19 el año pasado, aunque el proceso fue realizado bajo la administración de Lenin Mantilla, ex secretario de Salud y actualmente prófugo, con la empresa Salumed S. A. Eso supuestamente representó un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.
 
El alcalde ha escrito en su cuenta de Twitter que tiene “la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso es conseguir vacunas para Quito; si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto”.
 
Abarca también ha señalado en la red social que la prisión preventiva solicitada por FGE “es absolutamente injusta y demuestra que esto es un caso de persecución política. Si debo ir a prisión por defender la salud y la vida de los quiteños durante la pandemia, lo haré con la frente en alto por el trabajo realizado. Estaremos prestos a cumplir las medidas cautelares del juez. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Tendrán que pedirnos disculpas”.
 
Mientras tanto, las redes sociales se han inundado con mensajes de apoyo dirigidos a Abarca y Guamán, quienes se vincularon a la Secretaría de Salud tras hacerse público en presunto delito y previo a ello ejercían labores docentes y de investigación científica.

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