Edición Médica

Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de ASEDIM.

Cristina Coello. Quito
Con la firma de los decretos 378 de externalización de farmacias y la reforma al reglamento de la Ley de Contratación Pública con el 337, el presidente Guillemo Lasso ofiacializó algunos cambios, sin embargo, la propuesta “no ayudará a solventar el desabastecimiento” de medicinas e insumos para los hospitales, ha asegurado Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (ASEDIM).
 
Ese decreto también oficializó la externalización de las farmacias de los hospitales de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y por tanto se concentra en los medicamentos generalmente prescritos en consulta externa, pero la hospitalización “sigue sin un mecanismo adecuado de abastecimiento. Seguimos preocupados en ese sentido porque los pacientes no están recibiendo la medicina e insumos necesarios”, ha manifestado la directiva en entrevista con EDICIÓN MÉDICA.
 
“Seguimos sin tener claro cuáles son las estrategias para asegurar un abastecimiento adecuado” de la RPIS, ha insistido Murgueitio, quien además ha dejado claro que en el caso de los dispositivos médicos es prioritario hacer un análisis adecuado de las compras.
 
Según ha explicado, el último decreto presidencial “sigue teniendo las mismas falencias que el anterior (el 1033) a pesar de haber sido derogado” y aunque han mantenido reuniones con las autoridades sanitarias, “no quiere decir que tengan la recepción de la información técnica adecuada”. No se está efectuando “un proceso efectivo”, ha comentado.  
Murgueitio pasó a explicar que la nueva normativa sigue exigiendo a la industria la trazabilidad mediante código univoco y eso imposibilita que puedan cumplir con esos requisitos y por lo tanto continuará el desabastecimiento.
 
Pero no solo eso, para la representante de los distribuidores de productos médicos, ese requerimiento es antitécnico. “Ellos pretenden detener los robos en los hospitales con la trazabilidad, cuando son ellos los que tienen que aplicar un sistema de control de inventarios adecuado. Internacionalmente la industria no se adapta al sistema de control de logística y trazabilidad, sino al contrario”, ha reiterado.
 
A todo ello, Murgueitio ha rechazado que se insista en la subasta inversa corporativa para la adquisición de productos médicos, mecanismo que no incluye aspectos como calidad e innovación y eso será un problema que va a generar “falta de acceso por decisiones no técnicas”, ha advertido.
 
En ese sentido, ha recalcado que si deciden comprar dispositivos médicos fuera del país, “violentarán la Ley Orgánica de Salud, porque allí dice que para la comercialización tienen que asegurarse que tengan licenciamiento en las prácticas de almacenamiento y registro sanitario en el país”.
 
Por otro lado, ha mencionado que también existe “falta de control en los requisitos de ley y lo que se está generando (con la subasta) es que participen personas naturales y jurídicas que no cumplen con la ley, entregan producto, en algunos casos falsificado o, de contrabando”.
 
En ese sentido, ha recalcado que “no se puede permitir la participación de personas que no cumplen con la Ley, ese es un control que debe hacer el Sercop (Servicios de Compras Públicas) y las autoridades de salud pública el momento de sacar los procesos. Tienen primero que hacer el control sanitario”, ha sido enfática en señalar.
 
Adicionalmente, ha vuelto a sugerir la utilización de mecanismos disponibles en la ley, pero no usar subasta inversa corporativa, “porque los dispositivos médicos son elementos  no normalizables y no permiten determinar un análisis de la calidad y la innovación tecnológica pues solo piden requisitos mínimos y gana el más bajo precio.  Tienen que utilizar licitación, cotización o menor cuantía. Si no tienen la capacidad operativa de respuesta, tienen que comprar los servicios en el sector privado y asegurarse que el paciente reciba servicios de tratamiento oportuno y eficaces”.
 
“Si las condiciones no son las adecuadas en referencia a que los productos sean evaluados, los proveedores tienen la decisión de no participar, porque los precios y la distorsión que se ha generado en el mercado no permite participación que cumpla con la ley y con productos de calidad e innovación. Está ganando el mercado que no cumple, más el ilegal, alejando a los proveedores que cumplen con la ley y que entregan productos que realmente van a servir a los pacientes”, ha finalizado.

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