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Redacción. Quito
En el marco del tratamiento para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional ha recibido nuevos aportes técnicos de delegados del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derechos, la protección social y la seguridad jurídica de la normativa.
 
Andrea Altamirano, de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, ha presentado observaciones orientadas a garantizar la adecuada gestión de la información y la trazabilidad de los casos.
 
En este sentido, ha propuesto sustituir el término “certificado de defunción” por “informe estadístico de defunción general” y establecer que la eutanasia sea registrada como causa de muerte, con la finalidad de asegurar estadísticas confiables, evitar subregistros y fortalecer la formulación de políticas públicas.
 
En representación del Ministerio de Desarrollo Humano, Pamela Arias Domínguez la directora de Provisión y Aseguramiento del Servicio de Protección Especial, ha resaltado la importancia de abordar esta iniciativa con sensibilidad, responsabilidad institucional y enfoque de derechos.
 
Por ello ha propuesto reforzar la protección integral de grupos vulnerables, especialmente de niñas, niños y adolescentes, mediante la exclusión en la aplicación de procedimientos eutanásicos, en concordancia con el principio del interés superior del niño. Asimismo, planteó incorporar la coordinación obligatoria con los sistemas de protección de derechos y la activación de rutas de protección frente a posibles situaciones de vulnerabilidad.
 
También ha recomendado establecer evaluaciones sociales obligatorias dentro del proceso para garantizar que la decisión de acceder a la eutanasia sea libre de presiones externas, como abandono, violencia, negligencia o carga familiar.
 
En esta línea, ha recomendado fortalecer los mecanismos de control mediante protocolos que incluyan la evaluación del entorno familiar y la detección de riesgos.
 
Por último, ha sugerido ajustes en los requisitos y procedimientos, como la incorporación de informes sociales, psicológicos y psiquiátricos diferenciados, así como la revisión de posibles barreras de acceso, como la exigencia de trámites notariales para documentos de voluntad anticipada, que podrían afectar a poblaciones en situación de pobreza.
 
Estas serán consideradas una vez recibidas por la Comisión de Salud.

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