Edición Médica

El movimiento Niñas, no madres exige al Estado.

Redacción. Quito
Las organizaciones que son parte del movimiento ‘Son Niñas, No Madres’ exigen que el estado ecuatoriano cumpla con el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidad (ONU) en el caso de Norma (pseudónimo para protección de la sobreviviente), quien ha sido forzada a una maternidad no deseada tras reiteradas violaciones por parte de su padre.
 
“Denunciamos el grave e injustificable incumplimiento de esta condena por parte del Estado ecuatoriano. La decisión, adoptada el 20 de enero de 2025, estableció con claridad la responsabilidad internacional del Estado por las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por Norma, una niña que fue forzada a continuar con un embarazo producto de la violencia sexual por parte de su propio padre, y ordenó medidas de reparación inmediata y acciones estructurales orientadas a garantizar que ninguna otra niña en Ecuador vuelva a atravesar las mismas vulneraciones”, han señalado a través de un comunicado.
 
Sin embargo, ya ha pasado un año desde la decisión emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso de Norma vs. Ecuador y el Estado no ha implementado ninguna de las disposiciones ordenadas.
 
Hasta el momento, Norma no ha recibido la indemnización dispuesta como medida de reparación individual, a pesar de su carácter inmediato y de las reiteradas solicitudes realizadas al Estado ecuatoriano. Esta omisión prolonga el daño, profundiza el sufrimiento y constituye una forma de revictimización institucional que perpetúa la negación de justicia y de reconocimiento del daño causado.
 
En este caso, la ONU ha ordenado:
- Reparación integral para Norma, incluyendo indemnización, acompañamiento psicológico y apoyo para retomar sus estudios.
- Modificación de la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos que impliquen intensos sufrimientos, como los embarazos que son producto de violación sexual.
- Eliminar barreras de acceso a los servicios de salud integrales, incluida la interrupción del embarazo.
- Emprender acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos.
- Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual y velar por una actuación efectiva cuando exista peligrosidad debido a antecedentes por agresiones similares.
 
De acuerdo a lo informado, Norma ha sido forzada a llevar un embarazo, así como un parto por cesárea y sufrió violencia obstétrica por parte de los prestadores de salud. Por el trauma, se resistía al contacto con el recién nacido y también fue obligada a abandonar la escuela.
 
Si bien tras el parto ha querido retomar los estudios, no lo ha logrado porque no contaba con apoyo para cuidar a su hijo.  Actualmente, Norma sigue esperando justicia para ella y para que ninguna niña más pase por situaciones como las que ella vivió.  
 
En este contexto, las organizaciones han indicado que el Estado ecuatoriano no ha establecido ningún mecanismo interinstitucional de cumplimiento que permita coordinar las medidas estructurales ordenadas por el Comité.
 
Esta inacción se ha visto agravada por el debilitamiento de la institucionalidad en materia de derechos de las mujeres y de igualdad de género, tras la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y su reducción a una instancia no autónoma, han precisado.
 
Además, tampoco se han implementado acciones integrales de prevención, como políticas de educación y sensibilización pública, reformas en la administración de justicia para evitar la revictimización, ni programas obligatorios de capacitación especializada para el personal de salud y operadores de justicia.
 
Asimismo, el Estado ha incumplido la adopción de medidas específicas en materia de adopciones, expresamente ordenadas como garantía de no repetición. Este incumplimiento tiene consecuencias profundas y alarmantes.
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador,
 
En el país, 4.150 niñas entre 10 y 14 años han quedado embarazadas en 2024, de ellas, 1.621 se han convertido en madres, de acuerdo a cifras del INEC.
 
Estas cifras confirman la persistencia de un patrón estructural de violencia sexual y maternidades forzadas, así como la incapacidad del Estado para garantizar la protección efectiva de las niñas.
 
Por lo tanto, el incumplimiento generalizado del fallo envía un mensaje peligroso de tolerancia frente a la violencia sexual contra niñas.
 
“Desde el movimiento Son Niñas, No Madres pedimos una reparación integral, coordinada y efectiva de todas las medidas ordenadas, con un enfoque de derechos humanos, género y transformación estructural. El Estado ecuatoriano debe asumir su responsabilidad, garantizar una reparación pronta y efectiva para Norma, restablecer y fortalecer la institucionalidad rectora en materia de derechos de las mujeres, y adoptar medidas urgentes que aseguren que ninguna otra niña sea forzada a una maternidad impuesta”.
 
“Las organizaciones que hacemos parte del movimiento Son Niñas, No Madres reiteramos un mensaje claro y contundente: las niñas tienen derecho a estudiar, jugar, vivir libres de violencia y construir sus proyectos de vida con autonomía y dignidad. El incumplimiento de esta decisión no es un hecho aislado; es una responsabilidad colectiva y profundamente política que interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto”, han finalizado.
  También hacemos un llamado a las autoridades ecuatorianas para que cumplan de manera inmediata con la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa sobre este proceso, y a la ciudadanía a informarse, alzar la voz y exigir que las decisiones que protegen los derechos de las niñas no queden en el papel. Porque son Niñas, No Madres.

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