Edición Médica

Asambleístas Eliana Correa y Liliana Durán entregando el proyecto de ley.

Redacción. Quito
Las asambleístas Liliana Durán y Eliana Correa han entregado al Departamento de Gestión Documental el proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Prevención, Diagnóstico, Atención Integral y Protección de los Derechos de las Personas que Viven con Obesidad en Ecuador.
 
Actualmente, la Comisión del Derecho a la Salud ya está analizando y recibiendo aportes a dos proyectos de ley relacionados con esta patología: Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen Diabetes, y Proyecto de Ley de Prevención de la Obesidad en la Población, que han sido unificados para su tratamiento en segundo debate.
 
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Esta nueva propuesta de Ley establece un marco jurídico integral para garantizar la prevención, el diagnóstico clínico y multidimensional, el tratamiento interdisciplinario, el seguimiento terapéutico, la rehabilitación, la atención especializada y la protección efectiva de los derechos de las personas que viven con obesidad, en cualquiera de sus fases. Plantea mecanismos y estrategias necesarios para recuperar la salud y la vida de un gran porcentaje de la población que vive con esta condición.
 
Liliana Durán ha señalado que se busca poner en la agenda pública la necesidad de que la obesidad sea tratada de manera integral. “No es un tema de estética, es una enfermedad agresiva y progresiva, que afecta la salud de las personas que la padecen”, ha enfatizado.
 
Durán ha explicado que, tras un año de trabajo junto a médicos especialistas se ha logrado construir esta propuesta para que la obesidad sea abordada como un problema de salud pública.
 
De acuerdo a lo informado, el proyecto de ley tiene 41 artículos, 6 disposiciones transitorias y 1 disposición final, que se refieren a los principios rectores, derechos y garantías, sistema nacional de atención integral en obesidad, intervenciones, ejercicio físico, rehabilitación y servicios complementarios, prevención, promoción de la salud y entornos saludables, protección contra la discriminación y acceso a la justicia, seguimiento, evaluación y control social.
 
Entre los planteamientos está que la Autoridad Sanitaria Nacional impulse políticas, acciones y estrategias de promoción y prevención mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales ya existentes en los ámbitos educativo, comunitario, comunicacional, alimentario y sanitario.
 

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