Edición Médica

Henry Flores, abogado de Ds Legal Group.

La confidencialidad médica constituye un principio esencial en la práctica sanitaria, y su protección está sólidamente respaldada por el marco legal ecuatoriano. Este principio se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce la salud como un derecho fundamental y garantiza la protección de los datos médicos personales. Complementariamente, la Ley Orgánica de Salud establece la obligación del Ministerio de Salud Pública de velar por la confidencialidad de la información médica en todos los niveles del sistema sanitario.
 
Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal sanciona la revelación de secretos profesionales con penas privativas de libertad, reforzando la responsabilidad individual de los profesionales de la salud en el manejo ético de la información. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de datos sensibles, incluyendo los relacionados con la salud, imponiendo estándares técnicos y jurídicos para su uso, almacenamiento y divulgación.
 
Finalmente, el Reglamento Ministerial 5216, establece principios específicos de seguridad, integridad y confidencialidad que deben observarse en el manejo de la información médica dentro del Sistema Nacional de Salud.
 
Los profesionales de la salud enfrentan diversas consecuencias legales cuando incumplen con el deber de confidencialidad en el manejo de información médica. En el ámbito penal, pueden ser sancionados con penas privativas de libertad por delitos como la revelación de secretos profesionales. En el ámbito administrativo, están expuestos a multas, suspensión o incluso la pérdida definitiva del derecho a ejercer su profesión, según lo determinen las autoridades sanitarias. En el ámbito civil, pueden ser demandados por indemnizaciones, especialmente por daños morales ocasionados al paciente.
 
Por su parte, las casas de salud también asumen una responsabilidad institucional frente a fallas en la custodia de datos médicos. Las consecuencias incluyen sanciones administrativas como multas, clausura parcial o definitiva del establecimiento, y pérdida de licencias por incumplimiento de protocolos. Además, aunque no constituye una sanción penal directa, la reputación tanto de la institución como de sus profesionales puede verse gravemente afectada, comprometiendo la confianza de los pacientes y la comunidad.
 
La protección de la información médica constituye una responsabilidad compartida entre los médicos y las instituciones sanitarias, y su adecuada gestión es esencial para garantizar la seguridad jurídica, prevenir sanciones legales y promover una atención médica ética, segura y confiable.
 
DsLegal Group, como estudio jurídico especializado en Derecho Médico, tiene como propósito brindar una sólida protección legal a los profesionales de la salud, fortaleciendo la relación médico-paciente y asegurando el cumplimiento de las obligaciones éticas y normativas en el ejercicio clínico. En caso de que los profesionales o establecimientos de la salud mantengan dudas o requieran asistencia legal, pueden comunicarse al número de contacto 098 100 1289.