Edición Médica

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.

Cristina Coello. Quito
Johana Pesántez, secretaria particular y jurídica de la Presidencia ha aclarado la decisión del presidente Lenín Moreno de vetar parcialmente las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y ha admitido que es delicada una reforma relacionada al aborto por violación.
 
En rueda de prensa, la funcionaria ha precisado que el presidente al identificar una contraposición de derechos “tiene la posibilidad de hacer una consulta a la Corte, que es el órgano del Estado cuya competencia es revisar que los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos se cumplan”, ha señalado.
 
Según Pesántez, el mandatario ha identificado “cierta contraposición entre derechos de los ciudadanos, no solo por forma sino también el fondo”, por lo cual  ha pedido se analice constitucionalmente el tema del aborto por violación.
 
“No es la primera vez que el presidente ha enviado vetos por constitucionalidad. Es el cuarto que se ha remitido y hemos tenido la respuesta de la Corte”, ha añadido.
 
“Por lo delicado del tema necesitamos que el órgano constitucional revise esta eventual contraposición” de derechos y se realice un análisis constitucional ya que “son el único órgano competente en el tema”, ha insistido.
 
Proponen aumentar penas en caso de agresión a médicos
 
Por otra parte, Pesántez ha informado que el veto también ha propuesto agravantes en algunas infracciones en contra de médicos, personal de asistencia humanitaria y de seguridad cuando existe conmoción popular o calamidad pública.
 
“Hemos propuesto que existan cierto agravantes en todos los delitos que puedan cometerse  en contra de un servidor policial o cualquier servidor de seguridad pública, también cuando afecta bienes patrimoniales y cuando la infracción se ha cometido en contra de médicos, personal de asistencia humanitaria, en el caso de conmoción popular o calamidad pública y se encuentre brindando los servicios para garantizar los derechos de otros”, ha precisado.
 
En lo relacionado a violencia sexual también han propuesto que “debe existir obligación de quien conozca sobre el cometimiento del delito” y eso incluye a médicos y educadores a quienes se les podrá imponer sanciones por no denunciar.
 

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