Edición Médica

La Fiscalía inició una investigación tras recibir la denuncia por el padre de la víctima.

Redacción. Quito
Con base en las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por Fiscalía, Aldo Andrés R. V., presunto dirigente estudiantil, ha sido sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad por extorsionara a una estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil.
 
El hecho ocurrió en diciembre de 2017. La Fiscalía inició esta investigación tras recibir la denuncia por parte del padre de la víctima, quien indicó que su hija, estudiante de Medicina de la Universidad de Guayaquil, había solicitado a través de un presunto dirigente estudiantil, ayuda para realizar ciertos trámites administrativos, entre ellos, relacionados con las publicaciones de notas de exámenes.
 
Según la Fiscalía, el procesado habría contactado a la víctima y le habría solicitado ciertos valores económicos a cambio de ayudarle con sus problemas. Por ello, habría pedido pagos y depósitos a cuentas bancarias, por diferentes montos.
 
Unos meses después, tras no haber cumplido con lo solicitado, la afectada encaró a su victimario, Aldo Andrés R. V., quien la amenazó con no continuar ayudándola y la presionó indicándole que, presuntamente, las autoridades de la Facultad ya tenían conocimiento del asunto y que procederían a expulsarla y a negarle la matrícula para el próximo año de estudio. Por ello, le exigió nuevos pagos económicos para que eso no sucediera, ha informado la Fiscalía mediante un comunicado.
 
Tras esto, el padre de la víctima encaró al procesado, quien lo amenazó de muerte, si es que denunciaba el hecho a las autoridades estudiantiles y policiales. Hasta ese momento, los valores cancelados ascendían ya a los 27.300 dólares, lo cual el padre de la estudiante desconocía, por lo que procedió a denunciar el hecho en Fiscalía.
 
Con estos antecedentes, el ahora sentenciado fue llamado a juicio el 22 de noviembre de 2018.
 
Posteriormente, en la audiencia de juicio, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Cecilia Rodríguez Arboleda, presentó como pruebas los informes de investigación y partes de aprehensión elaborados por la Policía Nacional, el de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, la transcripción de mensajes intimidatorios enviados vía teléfono celular por el ya condenado, el informe de rastreo telefónico y geolocalización de mensajes, los documentos de transferencias y depósitos bancarios hechos por la agraviada y el victimario, entre otros.
 
Además, la Fiscalía llamó a ocho testigos, entre agentes aprehensores e investigadores de la Policía Judicial, peritos grafológicos y las versiones de la afectada y su padre.
 
El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Rocío Álvarez, Marlon Castro y Diógenes Cueva, acogió por unanimidad las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió la sentencia de cuatro años de prisión para Aldo Andrés R. V., además de una multa de doce salarios básicos unificados (4.100 dólares) y del pago de una reparación integral de 27.300 dólares (monto total de la extorsión) a la víctima.
 
El dato
 
La Fiscalía ha procesado este caso con base en el artículo 185, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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