Edición Médica

Representantes de los gremios.

Redacción. Quito
El Colegio de Médicos del Guayas (CMG) en conjunto con la Federación Médica Ecuatoriana (FME) y el Frente de Profesionales de la Salud ha presentado ante la Corte Constitucional una demanda para la aclaración y revocatoria de la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
 
“Esta es la postura, la posición frontal y categórica. Iremos hacia las últimas consecuencias para que se haga justicia a tanto personal de la salud, y especialmente a los médicos que han sido conculcado sus derechos”, ha enfatizado Wilson Tenorio, presidente del CMG.
 
El pasado 6 de octubre, la Corte Constitucional dictaminó la inconstitucionalidad del artículo 25 de esta ley, que decretaba la entrega de nombramientos definitivos a los profesionales de la salud que estuvieron en primera línea durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
 
Esto está vulnerando derechos de todos los trabajadores del sector salud, en especial de aquellos que arriesgaron sus vidas en la pandemia.
 
Por ello, se está solicitando que aclaren esta interpretación. “Le exigimos a la Corte que amplié y aclare la consulta, que esta sentencia no tiene efecto jurídico hasta que se publique en el Registro Oficial y, adicionalmente, que se tienen que respetar todos los procedimientos y concursos iniciados, que están por iniciar, con el fin de que terminen con éxito y a favor de todos los profesionales de la salud, en especial de las personas que trabajaron en pandemia”, ha explicado Freddy Viejó, abogado del CMG.
 
Héctor Rosero, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), ha indicado que no se puede perjudicar de esta manera a los profesionales de la salud y médicos del país, por lo que ha reiterado que estarán vigilantes hasta que se logre y garantice la estabilidad laboral de los trabajadores sanitarios.
 
Según el gremio, hasta el momento no se ha alcanzado dar estabilidad ni a la mitad de los profesionales que cuenta con labores dentro de los centros de salud, los que están con nombramiento provisional y bajo contrato. Tampoco se ha realizado las normas técnicas para formalizar a este personal. Más bien se han dado largas al proceso de aplicación directa del artículo 25 de la Ley Humanitaria.

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