Edición Médica

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2022.

Redacción. Quito
En Loja, el Tribunal de Garantías Penales que ha conocido la causa ha acogido la tesis presentada por la Fiscalía General del Estado y ha sentenciado a Vicente P. a seis años y ocho meses de pena privativa de libertad, tras declararlo culpable del delito de abuso sexual.
 
Además, le ha impuesto una multa equivalente a doce salarios básicos unificados y el pago de 5.000 dólares a favor de la víctima, como parte de las medidas de reparación integral.
 
El delito de abuso sexual está tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años. En este caso, se aplicó la agravante prevista en el artículo 48, numeral 8, del COIP, lo que permitió incrementar la pena.
 
Después de haber analizado todas las pruebas presentadas, el Tribunal ha concluido que existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal del procesado y ha dictado sentencia condenatoria.
 
Los hechos
 
La Fiscalía ha iniciado la investigación después de una denuncia presentada por la víctima por hechos ocurridos el 11 de agosto de 2022, cuando acudió a un centro de salud de Loja para someterse a un examen médico.
 
Según la investigación, el procesado, quien se desempeñaba como médico en ese establecimiento, habría ejecutado actos de naturaleza sexual mientras practicaba la revisión médica.
 
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación previa, Fiscalía le ha formulado cargos en su contra.
 
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía ha presentado el testimonio anticipado de la víctima como principal prueba. En su relato, ha explicado cómo han ocurrido los hechos e identificó al agresor. También se han incorporado los testimonios del agente policial que intervino en el procedimiento y de la pareja sentimental de la denunciante.
 
Asimismo, ha presentado el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los resultados de las pericias de Psicología y trabajo social practicadas a la víctima, que han determinado la existencia de una afectación emocional derivada de la agresión sufrida.
 
Finalmente, se ha incorporado el informe de la médica legista, la historia clínica de la víctima, el informe laboral del procesado y las certificaciones de los horarios que cumplía el día de los hechos, así como la fecha de la cita médica de la denunciante.

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