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Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte ha recibido los aportes de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE) al Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos, actualmente en trámite para primer debate.
 
Entre las principales observaciones técnicas al proyecto de ley están las expuestas por Vanesa Berrú, del Hospital San Juan de Dios, quien ha considerado que el debate sobre el final de la vida debe abordarse de manera integral, considerando no solo la eutanasia, sino también el acceso oportuno y universal a cuidados paliativos.
 
Berrú ha recalcado que su hospital cuenta con “amplia experiencia” en el manejo de enfermedades crónicas y avanzadas, especialmente en el ámbito de los cuidados paliativos y el objetivo de esa especialidad médica es “mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias frente a enfermedades graves”.
 
En ese sentido, ha explicado que muchas solicitudes de eutanasia pueden estar asociadas a sufrimientos que no han sido adecuadamente atendidos, como dolor físico mal controlado, angustia emocional o sufrimiento existencial.
 
Por ello ha insistido en que los cuidados paliativos aplican principios como la proporcionalidad terapéutica, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la sedación paliativa, procedimiento que no es equivalente a la eutanasia, ya que busca aliviar síntomas refractarios reduciendo la conciencia del paciente mientras la enfermedad sigue su curso natural.
 
Por su parte, el anestesiólogo y director médico de la Clínica de la Mujer, Fernando Carrillo, junto al asesor Kevin Sebastián Viteri, han subrayado la necesidad de diferenciar el acceso universal a los cuidados paliativos del debate sobre la regulación de la eutanasia.
 
Para ellos, el garantizar cuidados paliativos es un derecho de los pacientes y debe consolidarse como una política pública de salud, mientras que la eutanasia requiere una regulación específica debido a “su complejidad ética, médica y social”.
 
Asimismo, han planteado que, en caso de aprobarse la normativa, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada debe establecer criterios técnicos claros sobre infraestructura, equipamiento y habilitación de los centros de salud que puedan realizar estos procedimientos.
 
También han propuesto un proceso regulado y trazable, pero ágil, mediante un comité reducido integrado por un representante del Ministerio de Salud Pública, un familiar del paciente y un delegado de la institución de salud.
 
En la sesión participó el psiquiatra Kir Laca, del Hospital Terra Alegre de Quito, quien ha enfatizado la necesidad de incorporar la dimensión de la salud mental en el proyecto de ley. Advirtió que el texto actual centra el concepto de sufrimiento principalmente en el dolor físico, dejando de lado el sufrimiento psíquico o mental. Señaló que, en varios países donde la eutanasia está regulada, como España, Canadá, Bélgica o los Países Bajos, se contempla tanto el sufrimiento físico como el mental en los criterios de análisis.
 
El especialista ha recomendado que la normativa establezca la valoración psiquiátrica obligatoria cuando existan dudas sobre la capacidad de discernimiento, la voluntariedad del consentimiento o el estado emocional del paciente, con el fin de garantizar que la decisión sea realmente libre y no resultado de situaciones de vulnerabilidad no atendidas.
 
Al finalizar la sesión, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, ha solicitado que los aportes sean remitidos para su análisis técnico y jurídico, con el objetivo de incorporarlos en el informe que se prepara para el primer debate del proyecto de ley.

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