Edición Médica

Dr. Andrés Peralta, investigador del Instituto de Salud Pública de la PUCE; Dra. Andrea Portilla, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Metropolitano; Dr. Mario Melo, director CIDH de la PUCE; María Paz Páez, asesora del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS); y Dr. Felipe Castro, docente de la Facultad de Derecho y Sociedad de la PUCE.

Jonathan Veletanga. Quito
Académicos, pacientes, representantes del Estado y gremios científicos, profesionales de la Salud, de la Economía y del Derecho, se han dado cita en el Foro "Ecuador sin Diálisis", un evento desarrollado en Quito en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) con la finalidad de analizar, de manera técnica, la realidad de los pacientes renales y sus preocupaciones por el riesgo a la continuidad de sus tratamientos esenciales, así como para plantear una hoja de ruta que permita mejorar la atención renal y sostenibilidad del sistema sanitario en el país.
 
Los ponentes de este importante foro fueron: Dra. Andrea Portilla, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Metropolitano; Dr. Esteban Ortiz, director del Grupo de Investigación One Health de la UDLA; María Paz Páez, asesora financiera del Fondo de Inversión Ambiental y Sostenible; Dr. Felipe Castro, abogado y docente de la Facultad de Derecho y Sociedad de la PUCE; Dr. Andrés Peralta, médico investigador del Instituto de Salud Pública de la PUCE.
 
Los especialistas han abordado esta temática en tres bloques: atención renal como prioridad de salud pública, necesidades para garantizar la atención renal sin interrupciones, y propuestas para fortalecer la continuidad de los tratamientos esenciales y planificar las diálisis de manera sostenible.
 
La nefróloga Andrea Portilla ha explicado el impacto significativo que genera la enfermedad renal crónica en la calidad de vida del paciente, así como de su familia, lo que sumado al riesgo de interrupción de sus tratamientos de diálisis por la falta de pago por parte del Estado a las dializadoras privadas, hace que estén en “situación de vida o muerte constante”.
 
“Creo que es importante concientizar sobre la problemática seria que tenemos. Lamentablemente está incrementando mucho la enfermedad renal crónica en el país y en el momento que llega a etapas terminales es altamente mortal”, además que las políticas de gobierno están afectando hoy por hoy a todos los pacientes, ha expresado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA.  
 
De su parte, el investigador Esteban Ortiz ha señalado que, según datos oficiales, se estima que hay alrededor de 20.000 pacientes renales en el país, lo que muestra la magnitud de este problema de salud pública. Sin embargo, uno de los problemas en es que “en el primer nivel de atención tenemos una deficiencia que no permite diagnosticar tempranamente a los pacientes”, por lo que lleguen tarde y con complicaciones a los hospitales.
 
Para el médico investigador Andrés Peralta, también se debe trabajar en un plan que tenga componentes a corto, mediano y largo plazo, el cual abarque temas importantes y urgentes, como: cubrir las diálisis de los pacientes renales crónicos; pagar las deudas con las dializadoras privadas; crear nuevas unidades de diálisis públicas; trabajar en la fragmentación del sistema de salud, ya que esto impide detectar tempranamente las enfermedades cardiometabólicas y referir oportunamente al segundo y tercer nivel de atención, que tampoco tienen la capacidad para atender a los pacientes cuando llegan, por lo que deben ir a las dializadoras privadas.
 
A su criterio, además hay que fortalecer la capacidad de realizar trasplantes renales porque este aspecto puede reducir la carga de diálisis y trabajar en una redistribución territorial de las dializadoras.
 
Para abordar todo esto es necesario un “acuerdo nacional, interinstitucional y haya mucha voluntad política”, ha sostenido Peralta.
 
La economista María Paz Páez ha explicado el impacto económico que representa la enfermedad renal crónica y las diálisis para el Estado, los médicos, los hospitales públicos, las clínicas dializadoras particulares y las familias ecuatorianas.
 
“Este es un problema que tiene que ser analizado en sus diferentes dimensiones porque las familias necesitan encontrar diferentes mecanismos de financiamiento, recursos para poder atender al paciente… Es un tema que abarca diferentes puntos de vista de la economía, que van más allá del tratamiento de la enfermedad per se, sino también de una realidad que afecta a las familias y también al sistema de salud”, ha expresado Paz.
 
Por esta razón, ha mencionado que sería importante que el Gobierno honre, en primera instancia, con la deuda histórica a las dializadoras privadas, cuyo monto ascendería a más de 400 millones de dólares aproximadamente. 
 
Paz además ha destacado la importancia de garantizar los pagos e invertir en lo público para que el Estado no se enfoque solo en las etapas crónicas de la enfermedad.
 
De su parte, el abogado Felipe Castro ha insistido en la responsabilidad del Estado en garantizar la prestación de los servicios de diálisis, para lo cual ha pedido garantizar un presupuesto adecuado.
 
Para esto ha recomendado realizar una “planificación nacional”, la cual no sea solo para 4 años de gobierno, sino a largo plazo, es decir, que trascienda gobiernos.
 
Para finalizar el foro, los ponentes han resaltado la importancia de visibilizar las problemáticas de los pacientes renales y diseñar políticas y estrategias que ayuden a solventar sus preocupaciones. Espera que estas recomendaciones puedan ser el punto de partida para una hoja de ruta de trabajo conjunto. Siendo un llamado a la acción de acuerdos concretos y soluciones para este sector.
 
 

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