Edición Médica

Claudia Pascual, ministra del Servicio Nacional de la Mujer del gobierno de Bachelet.

Redacción.Quito
El gobierno del conservador Sebastián Piñera alteró el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales, aprobada bajo la administración de Michelle Bachelet, para facilitar que instituciones privadas apelen a la objeción de conciencia y no practiquen la interrupción del embarazo.
 
A través de un decreto, el Ministerio de Salud (Minsal) eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.
 
El nuevo protocolo reduce también los requisitos pedidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos la decisión de objetar.
 
Para organizaciones feministas y autoridades del gobierno de Bachelet, ex mandataria que anunció la ley de aborto terapéutico en septiembre del año pasado, la nueva regulación representa un ‘boicot’ a la normativa.
 
Claudia Pascual, ministra del Servicio Nacional de la Mujer del gobierno de Bachelet, ha dicho que, "Se están relajando y rebajando los estándares de la ley", que, con la promulgación de esta normativa, sacó a Chile del pequeñísimo grupo de países en los que la interrupción del embarazo no estaba permitida en ninguna forma.
 
Para el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, este cambio de protocolo "busca corregir una distorsión que introducía el propio reglamento al establecer un vínculo económico entre la atención de cualquier índole y la objeción de conciencia".

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