Edición Médica

Redacción. Quito

Los servicios de Salud y demás competencias relacionadas a Sanidad que ejecuta el Municipio de Quito podrían quedarse sin piezas clave de su engranaje si la Asamblea Nacional aprueba en segundo debate la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), según lo que ha manifestado Carlos Carvajal, secretario metropolitano de salud. 

En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, el secretario de salud de Quito, ha advertido que, de aprobarse la propuesta del Gobierno de Daniel Noboa, “podría ponerse en riesgo la continuidad de servicios esenciales en Salud”, precisamente en momentos de creciente demanda.

Carvajal ha dejado entrever que, de aplicarse tal como está la propuesta gubernamental, se vendrían recortes inmediatos en gasto corriente destinado a la atención sanitaria. 

El funcionario ha subrayado que la regla fiscal 70/30 implicaría que el 70 por ciento del presupuesto de los GADs se destine a inversión y solo el 30 por ciento a gasto corriente, una distribución que pone en duda la capacidad de los municipios para mantener la red de servicios.

Según ha explicado, en Quito, la red de salud municipal opera con fondos propios y una estructura que abarca tres Unidades Metropolitana de Salud, programas de salud comunitaria, servicios de salud escolar, además de los servicios de bienestar animal.

La implementación de la ley podría afectar aproximadamente a 825 profesionales de la salud como parte del gasto corriente, poniendo en riesgo más de 357 atenciones entre centros de salud y atención comunitaria. Además de impactos en servicios como el 911 de salud mental, teleconsulta psicológica y proyectos en territorio que ya superan las 80 mil atenciones anuales. El secretario de salud subrayó que, sin personal suficiente, “no hay posibilidad de dar inversión” en salud.

Recorte directo al gasto social

Carvajal ha advertido que, si la norma se aplica se puede interpretar como un recorte directo al gasto social, afectando de manera inmediata la contratación de personal y la continuidad de programas críticos que sostienen la atención primaria y la respuesta ante emergencias.

Ha señalado que, entre los impactos posibles, se habría visto afectada la contratación de médicos, enfermeras y personal de apoyo, así como la operación de servicios de atención mental y telemedicina que ya atendían a miles de usuarios al año. 

“Estamos preocupados porque esta ley, afectará el corazón de la inversión social de los GADs porque para el gobierno esta inversión social será considerada como gasto corriente. Nosotros estamos de acuerdo en que la mayoría de dinero sea para obras, pero eso ya se legisla en el COTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización)”. 

A decir de Carvajal, “el problema” es que lo que el GAD conceptualiza como inversión no se aplica a otras instituciones del estado. 

En ese sentido, ha insistido en que el recorte potencial afectará incluso convenios con líneas de atención de emergencia y servicios de salud mental, como el 911 y las teleconsultas psicológicas, que han sido herramientas clave para la población. 

Consecuencias y escenarios posibles

El funcionario ha advertido que el escenario actual puede desencadenar despidos, dejando desprotegidos a poblaciones y barrios con menor acceso a servicios de salud. Ha argumentado que, sin un gasto corriente suficiente, “no habría posibilidad de garantizar la continuidad de la red de atención” ni de sostener proyectos de salud mental, prevención y atención a población infantil y adolescente, así como tampoco el tema de bienestar animal, incluido el control de plagas. 

En ese marco, ha subrayado la necesidad de mantener un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad de garantizar una atención sanitaria de calidad. Ha señalado que la discusión en la Asamblea debe considerar herramientas de salvaguarda para evitar que la reducción del gasto corriente afecte la capacidad de respuesta, así como la continuidad de programas de promoción de la salud.

Finalmente, el secretario de Salud ha hecho un llamado a los asambleístas para revisar el formato de la ley. Ha recalcado que, si se aprueba tal como está “será una daga directa al corazón de la inversión social” y se puede ocasionar un efecto dominó en la atención primaria, la atención en las unidades de salud municipal afectando especialmente a comunidades vulnerables y zonas rurales.