Edición Médica

Asambleísta Katherine Pacheco presentando el proyecto de reforma.

Redacción. Quito
La asambleísta por la provincia de Los Ríos, Katherine Pacheco, ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades, una iniciativa orientada a fortalecer la protección de los derechos de quienes dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad y garantizar condiciones que les permitan compatibilizar sus responsabilidades laborales, académicas y familiares.
 
El proyecto reforma la Ley Orgánica de Discapacidades para incorporar el derecho preferente al teletrabajo, en modalidad total o parcial, para las personas sustitutas y cuidadoras, siempre que la naturaleza de las funciones del cargo así lo permita.
 
Además, establece que cualquier negativa por parte del empleador deberá estar sustentada en una justificación técnica, priorizando siempre el interés superior de la persona con discapacidad bajo su cuidado.
 
Según ha explicado la asambleísta, la iniciativa busca evitar que las personas sustitutas deban abandonar su empleo o sus estudios para dedicarse al cuidado de sus familiares.
 
También ha sostenido, que los criterios de aplicación, como el porcentaje de discapacidad y las condiciones laborales, serán definidos en coordinación con el Ministerio de Trabajo, procurando un equilibrio entre la protección de los derechos de las personas cuidadoras y las necesidades de los empleadores.
 
Mientras que, en el ámbito de la educación superior, se promueve medidas de flexibilidad que faciliten la continuidad de los estudios de quienes ejercen labores de cuidado, favoreciendo la conciliación entre la formación académica, el trabajo y las responsabilidades familiares.
 
Pacheco ha señalado que también dispone que las reformas sean de aplicación obligatoria para todas las funciones e instituciones del Estado, sin perjuicio de que también puedan implementarse en el sector privado, garantizando la aplicación del principio de favorabilidad cuando exista conflicto entre normas; y contempla un periodo de transición para que las entidades públicas y privadas adecuen su normativa interna y sus políticas institucionales a las nuevas disposiciones.
 
A su criterio, la propuesta se sustenta en los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos, reconociendo que la protección de las personas con discapacidad implica también garantizar condiciones dignas para quienes asumen su cuidado.
 
Por lo que, plantea un modelo de corresponsabilidad que fortalece la inclusión laboral, promueve la permanencia en el sistema educativo y reconoce el valor social y económico del trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado, ha insistido.

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