Edición Médica

Asambleísta, Ana Belén Cordero.

Redacción. Quito
La asambleísta de la bancada oficialista, Ana Belén Cordero, ha adelantado que una de las prioridades de la legislatura, al menos el primer semestre, será la definición de un marco jurídico que permita enfrentar la emergencia sanitaria y por ello el Ejecutivo alista el envío de un nuevo proyecto.
 
Hay que recordar que la Comisión del Derecho a la Salud ya aprobó a finales del 2021 el informe para el primer debate del ‘Proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes”.
 
No obstante, Cordero ha adelantado que esa propuesta crea “un super COE (Comité de Operaciones de Emergencia) Nacional”, pasándose por encima de la Constitución.  Es decir que la propuesta permite al COE regular restricciones y resoluciones sin crear un estado de excepción vía decreto.
 
No obstante, Cordero ha recalcado que “la Constitución está por encima de cualquier resolución y si no se decreta un estado de excepción (por el presidente de la República) estaríamos violentando procedimientos constitucionales”.
 
De allí que ha insistido en que es prioritario “recordar la jerarquía normativa” y por ello “en los próximos días el Ejecutivo enviará a la asamblea un proyecto que permita enfrentar la emergencia sanitaria, pero respetando el marco normativo y constitucional”, ha anunciado.
 
Mientras, el presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina ha considerado que se está “tratando de obstruir esta ley de pandemia que salió cuando el señor presidente retiró la Ley que tenía que presentarse” por pedido de la Corte Constitucional.
 
Molina ha adelantado que, si llega una nueva propuesta, será tratado como un aporte de lo que ya está en trámite.
 
Cabe recordar que el presidente Guillermo Lasso retiró el 12 de agosto la ley propuesta por el presidente Lenin Moreno, por considerar que contenía disposiciones contrarias a la Constitución y por no atender a la realidad económica del país.
 
Pero la Corte Constitucional (CC) dejó claro al Gobierno el año pasado que los estados de excepción para combatir la pandemia no se podían extender de manera indefinida, y pidió la creación de una norma que ayude a regular las medidas restrictivas, donde además se justifiquen técnicamente los plazos de cada alerta.
 
 Coordinar medidas
 
Ante el pedido de la CC, el 9 de diciembre del 2021, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley de Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia.
 
Actualmente es la presidenta del legislativo, Guadalupe LLori, la encargada de colocar en la agenda el tema para analizarlo en el pleno de la Asamblea.
 
La CC ha insistido desde junio de 2020 en la necesidad de tener una ley que regule la libertad de tránsito para controlar la propagación de la COVID-19 y sugirió que esa normativa serviría para coordinar de mejor manera las medidas que pueden ser adoptadas por los gobiernos autónomos.
 
Esa ley podría incluir los lineamientos para la exigencia de carnés de vacunación, directrices para los municipios y posibles limitaciones en la circulación ciudadana. Además de establecer multas para los ciudadanos que no cumplan con las restricciones, y una manera efectiva de cobrarlas.
 
Todo aquello deberá estar enmarcado en la Constitución, pues la misma CC ya advirtió que esta nueva ley no deberá ser “un mecanismo para poder restringir derechos sin necesidad del control de constitucionalidad de un estado de excepción”.
 
Por otro lado, la ley debería también delimitar claramente las atribuciones del COE, consideradas por la Corte como muy amplias.

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